Malvinas / Historia
Las relaciones anglo-argentinas después del conflicto de Malvinas. Julio de 1982 a julio de 1989.
- Enero de 1984-julio de 1989
En enero de 1984, el gobierno argentino tomó la
iniciativa y propuso "degradar" el tema de la soberanía para facilitar la
normalización. La propuesta contenía la siguiente fórmula: el cese formal de las
hostilidades, el levantamiento de la zona de protección, la restauración de las
relaciones diplomáticas y comerciales, la reducción del número de efectivos
militares. Una vez que estos pasos fueran tomados, las conversaciones abiertas
podrían reanudarse (1). Los británicos sospechaban que a pesar de sus
declaraciones, los funcionarios argentinos sólo pretendía reanudar las
conversaciones por la soberanía. Por lo tanto, restringieron los temas a
repatriación al continente de los muertos durante la guerra, la reanudación de
los vínculos comerciales y financieros y la restauración de los contactos
diplomáticos directos. Para los británicos, el retiro de las tropas y la
introducción de agenda abierta eran inaceptables. Según Little, a la Primer
Ministro le "parecía que los argentinos se rehusaban a reconocer que las cosas
habían cambiado como consecuencia de su ocupación de las islas" (2).
Con el fin de expulsar de las islas a Gran Bretaña, y
siguiendo con la estrategia planeada, el gobierno argentino había optado por
mantener un estado de tensión lo suficientemente alto para que ésta construyera
una base militar que fuera muy costosa de mantener (3). De acuerdo con Gustafson,
para febrero de 1984, el gobierno radical había abandonado esta estrategia
cuando comprobaron que Gran Bretaña estaba dispuesta a pagar el alto costo.
A principios de 1984, el gobierno de Alfonsín buscaba
retrotraer la situación al status-quo existente antes de 1982 y no al de 1964
(4). Había quienes especulaban que los acuerdos de Peking de 1984 entre Gran
Bretaña y la República Popular China sobre la futura transferencia de Hong Kong
podrían servir como modelo para resolver el caso de las Malvinas. Por ejemplo,
el parlamentario laborista George Foulkes urgió a su gobierno a aplicar el
modelo de Hong Kong a la disputa con la Argentina. Esta propuesta también
encontró eco en este país. La aplicación del modelo sería aceptable si se
acordaba un corto período de transición entre los acuerdos y el traspaso
definitivo. Al respecto, el canciller Caputo dijo que la Argentina "podría
considerar arreglos transitorios". Al mismo tiempo, el presidente Alfonsín
afirmó que "podemos aceptar una solución de tipo Hong Kong medida en meses, no
en años. También podríamos aceptar que se nos devolvieran las islas en el plazo
de cinco años o tres años, pero no en veintinueve años" (5).
En febrero 1984 Raúl Alfonsín asistió a la ceremonia de
asunción presidencial de Jaime Lusinchi en Caracas. En esa ocasión, el
presidente argentino aprovechó para exponer una nueva estrategia para las
Malvinas que parecía ser más flexible. Alfonsín propuso que una fuerza de paz de
las Naciones Unidas reemplazara a la guarnición británica y solicitó el inicio
de conversaciones tendientes a levantar la zona de exclusión impuesta por el
Reino Unido a los buques argentinos. A cambio de ello la Argentina declararía
de jure el cese de las hostilidades y el retorno a las relaciones
bilaterales normales como antes de la guerra, pero también agregó que "la
Argentina no renunciará nunca a sus legítimos derechos sobre las Malvinas" (6).
Al día siguiente, los británicos rechazaron la propuesta. El secretario de
estado para asuntos extranjeros, Geoffrey Howe, afirmó que era claro que tanto
el gobierno como la protección de las Falklands eran su responsabilidad. Pero,
también aclaró que su gobierno estaba interesado en la normalización de las
relaciones bilaterales, pero no a conversar sobre las islas (7).
A mediados de año, el 7 de junio, todos los partidos
políticos firmaron en Buenos Aires una Declaración Conjunta. En la misma
demandaron el "reconocimiento de nuestros derechos sobre las Malvinas como parte
de nuestro territorio nacional" (8). Poco después, el 16 de junio, la prensa
argentina informó que la empresa First Land Oil and Gas había sido autorizada
por el gobierno de las islas a extraer petróleo y gas. La Argentina protestó
enérgicamente, declarando que ningún acuerdo petrolero sería reconocido en el
territorio argentino de las Malvinas y las aguas adyacentes. El Comisionado
Civil de las islas, Rex Hunt, contestó que las islas nunca habían pertenecido a
la Argentina y que él esperaba la normalización de las relaciones entre el Reino
Unido y la Argentina, pero de ningún modo quería relaciones entre las islas y
ésta última. El Reino Unido, por su parte, notificó al Secretario General de la
ONU que los isleños tenían absoluto derecho para comenzar la explotación
petrolera además, estas medidas permitirían el desarrollo económico de las islas
y no estaba conectado con la normalización de las relaciones entre el Reino
Unido y la Argentina (9).
A pesar de los escasos intercambios públicos, desde la
asunción al poder del presidente Alfonsín había habido intercambios
confidenciales a través de los países que representaban los intereses de cada
una de las partes, Suiza y Brasil, para intentar alcanzar una fórmula aceptable
y culminar con la normalización de las relaciones (10). Durante los días 18 y 19
de julio se llevaron a cabo conversaciones anglo-argentinas en Berna, Suiza
(11). Los diplomáticos habían encontrado una fórmula que permitiría salvar la
posición de ambas partes. Esta consistió en que en una reunión, la parte
argentina sólo plantearía el tema de la soberanía. Por su parte, la parte
británica respondería que se rehusaban a discutir el tema (12). La fórmula fue
específicamente diseñada en forma ambigua para proteger los deseos de cada
parte. El encuentro en Berna fracasó por el tema de la soberanía y ambos lados
se acusaron mutuamente de haber faltado a la fórmula previamente pactada (13)
La prensa argentina informó que fuentes suizas habían
asegurado a los diplomáticos argentinos que cuando estos presentaran para su
discusión el tema de la soberanía, se había acordado que los británicos
responderían "no estar en posición" para discutir el tema. En ese caso, la
Argentina asumiría que la soberanía no estaría excluida y se procedería con la
discusión de otros temas. Sin embargo, la repuesta británica fue diferente, sus
representantes informaron que "no estaban preparados" para discutir el tema, lo
cual tiene un significado muy diferente al de la respuesta esperada (14). La
fórmula expresada originalmente en inglés, establecía que ante el requerimiento
argentino de tratar el tema de la soberanía, el gobierno británico respondería
que el Reino Unido "is not prepared" para tratar el tema. La traducción al
castellano de podría ser "no está dispuesto" o "no está preparado." En ese caso,
cada parte le daría la interpretación que quisiera. Para los argentinos, el
Reino Unido "no está preparado" para discutir el tema, pero podría hacerlo más
tarde. Mientras que los británicos podrían interpretar la fórmula en el primer
sentido, es decir, "no estar dispuestos". Bajo esta ambigua fórmula ambos
gobiernos se abocarían a tratar otros temas. El problema surgió cuando los
británicos "introdujeron en la reunión una traducción simultánea en castellano
de carácter oficial, por lo cual sus palabras pasaban a tener el significado que
ellos en realidad querían darle, esto es, que no estaban dispuestos a tratar el
tema" (15). El gobierno británico declaró que el gobierno argentino había
interrumpido "súbitamente las conversaciones por no atenerse a la fórmula
pactada" (16). Las diferencias surgieron por la introducción de la traducción
simultánea. Fuentes argentinas sostienen que se había acordado que no habría
intérpretes en la reunión. Los británicos sostienen que no hubo ninguna
violación de las reglas previamente pactadas (17). Ante los hechos, el gobierno
suizo reconoció que las partes estaban más distanciadas de lo que se imaginaba.
Según Beck, "el episodio de Berna, que sólo consistirían en conversaciones sobre
conversaciones, ilustra la incompatibilidad básica de los enfoques de la
Argentina y Gran Bretaña sobre el futuro de las islas". Por un lado, los
británicos se mantuvieron intransigentes respetando los deseos de los isleños y
por otro lado, la Argentina no estaba dispuesta a repetir la experiencia del
período 1966-1982, de mantener conversaciones que aparentemente no llevarían al
logro de la transferencia de la soberanía (18). Según Makin, estos contactos
sirvieron para reafirmar que el gobierno de Alfonsín no llevaría adelante
negociaciones porque si, sino que ésta deberían comenzar sin excluir
expresamente el tema de la soberanía (19). Con el abrupto fin de las
conversaciones de Berna se cerró toda posibilidad de contactos directos entre
los gobiernos. Esta situación perduró hasta después de las elecciones generales
británicas de junio de 1987.
En septiembre de 1984, el presidente Alfonsín anunció ante la
Asamblea General que, respecto de las Malvinas, la Argentina estaba dispuesta
mantener negociaciones y atenerse a medios pacíficos pero que el
restablecimiento de relaciones con el Reino Unido era inconcebible si no se
presentaba algún mecanismo que incorporara la discusión de la soberanía. De las
declaraciones del presidente se infería que una solución tipo Hong Kong era
aceptable. Sin embargo, la repuesta británica en boca del secretario Howe fue
que Hong Kong era diferente a otros territorios británicos (20).
El 25 de octubre, se discutió en la Cámara de los Comunes el
informe del Comité de Asuntos Extranjeros presidido por Sir Anthony Kershaw
(21). En el informe definitivo el Comité se mostró cauteloso y no aconsejó el
establecimiento de una zona económica exclusiva en las aguas de las Falklands,
aclarando además que:
Existe una razón importante para regular y
licenciar la pesca, pero hay considerables problemas políticos y
prácticos. En primer lugar, si no hubiera una disputa de soberanía es
una cuestión en la que tendría que consultarse con los vecinos,
incluyendo a la Argentina. En segundo lugar, existen dudas de la
aceptabilidad internacional de una zona impuesta unilateralmente,
particularmente entre los países del Tercer Mundo y Comunistas, dada su
simpatía por la causa de la soberanía Argentina (22).
Más tarde, en 1986, como respuesta a las acciones
argentinas, se verá que el gobierno británico pudo superar estas objeciones e
imponer unilateralmente una zona de conservación de pesca.
En Gran Bretaña, el tema Malvinas también fue utilizado por
la oposición al gobierno de Margareth Thatcher. El líder del partido laborista
Dennis Healey criticó la política de la Primer Ministro de negarse a discutir el
tema soberanía. Más aún, sostuvo que mientras ella había negociado con la
dictadura comunista de China sin consultar a los cuatro millones de habitantes
de Hong Kong, se negaba a conversar con un régimen democrático por los deseos de
1.800 personas. A Healey se le sumó el líder de los Socialdemócratas, David
Owen. Este calificó a la posición de Alfonsín como "positiva." En este sentido,
Owen era partidario de proteger los derechos de los isleños sin adjudicarles
poder de veto (23). Sin embargo, a pesar de las expresiones de los partidos
opositores, la cómoda mayoría conservadora en el Parlamento garantizó a la
Primer Ministro la continuación de su política de no negociar la soberanía.
Hacia fines de 1984, el gobierno radical mostró sus
intenciones de concentrar su acción diplomática en la ONU urgiendo al Reino
Unido a buscar una solución negociada entre ambos países que asegure las buenas
relaciones entre los países y los derechos de los isleños. La respuesta del
representante británico reiteró que el futuro de las islas debía ser resuelto
por los propios isleños y propuso, en cambio, que se restablecieran las
relaciones comerciales, los vuelos comerciales y los intercambios culturales y
deportivos, como pasos previos para mejorar la relación sin recurrir a
negociaciones por la soberanía (24).
Con la intención de hacer las islas económicamente viables,
se creó en 1984 la Corporación para el Desarrollo de las Islas Malvinas (Falkland
Islands Development Corporation) con sede en Escocia y con un Consejo para el
Desarrollo de las Islas. Entre sus políticas prioritarias figuraban la
diversificación de la economía, mejoras en la infraestructura y el impulso de la
inmigración selectiva con el objeto de aumentar la población (25). De estas
políticas, el cambio más importante que se dio en las islas fue la
redistribución de tierras en la colonia. En efecto, mientras el porcentaje de
tierra en manos de los isleños era de 24% en 1980, para 1989 alcanzaría al 73%
Según la opinión de un experto británico, esta redistribución propulsó la
iniciativa local hacia el desarrollo y ayudó a la aparición de un sentido de
identidad "isleño" que se combina con el patriotismo local, la anglicidad de su
cultura y confianza en el protección británica (26).
A comienzos 1985, el gobierno británico pareció intentar
nuevamente destrabar la relación con la Argentina. En esta ocasión, Margareth
Thatcher ofreció intercambiar el cese formal de hostilidades por la abolición de
la zona de exclusión marítima en torno a las islas. La Primer Ministro declaró
que Gran Bretaña tenía "muchas cosas" para conversar con la Argentina, pero que
todo ello no podía ser alcanzado mientras los argentinos no declararan que las
hostilidades habían cesado. A cambio de ello, afirmó, "es natural que los
argentinos deseen la abolición de la zona de exclusión, pero la zona existe sólo
porque estamos en un estado de hostilidades". El 23 de enero, el gobierno
argentino, respondió que "no aceptaremos que se nos quiera imponer un cese
unilateral de hostilidades" (27).
En los primeros días de abril, los periódicos argentinos
publicaron que el canciller Caputo había denunciado que la "Fortaleza Malvinas"
traería el conflicto Este-Oeste al hemisferio sur y su critica al Reino Unido
por negarse a discutir sobre la soberanía. También agregó que la presencia de
las fuerzas británicas en la zona representaba una agresión contra la Argentina
y América Latina. Tanto el Canciller como el vice canciller afirmaron que el
despliegue militar británico era excesivo (28). Otros, en cambio, interpretaron
que la Fortaleza Malvinas no respondía a una política británica sino a una
condición política y logística impuesta por la negativa Argentina de proveer
transporte y comunicaciones desde el continente sudamericano (29).
El 12 de mayo, finalmente, se inauguró el aeropuerto de Mount
Pleasant en las Malvinas. Este fue construido para reemplazar al de Puerto
Argentino. La pista era lo suficientemente larga para recibir aviones de
transporte de gran porte. Ello permitiría a los británicos reducir la presencia
de fuerzas terrestres en las islas. Su costo aproximado alcanzó los £300
millones (30).
El 8 de julio, el Secretario de Estado para los Asuntos
Exteriores del Reino Unido y del Commonwealth declaró nuevamente que el Reino
Unido "is not prepared" a discutir la soberanía de las Malvinas (31). A pesar de
ello, al día siguiente y en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas
sin discutir aún el tema de la soberanía, Gran Bretaña levantó el embargo
comercial hacia la Argentina (32). En un principio, el gobierno argentino no
respondió del mismo modo y no actuó con reciprocidad, y por lo tanto, mantuvo la
prohibición a las importaciones británicas. Al día siguiente, el canciller
Caputo replicó ofreciendo el cese de hostilidades a cambio de la reanudación de
las conversaciones por la soberanía. Al respecto informa el Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, Geoffrey Howe, que:
La Declaración emitida el 10 de julio por el Ministerio de Relaciones
Exteriores argentino es una respuesta contradictoria a la iniciativa que
tomamos de levantar la prohibición establecida a las importaciones
argentinas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino ha reconocido que
nuestra acción fue una medida positiva. Pero, su declaración no indica presdisposición alguna a actuar en forma recíproca. En su lugar,
solicita a Gran Bretaña que inicie conversaciones incluyendo el tema de
la soberanía sobre las Islas Falkland en un lapso de 60 días (33).
El gobierno británico no accedió a esta propuesta.
El 12 de septiembre, el Canciller Caputo declaró en Buenos Aires que Gran
Bretaña no había aceptado el ofrecimiento argentino:
El 11 de septiembre finalizó el período de
60 días posterior a la invitación que el Gobierno Argentino extendiera,
por mi intermedio, al Gobierno del Reino Unido, a efectos de reanudar
las negociaciones sobre el tema de las Islas Malvinas dentro del
mencionado período...El Gobierno del Reino Unido ha enfatizado la
necesidad de recuperar la confianza entre las partes, pero, sin embargo,
se niega a reanudar el diálogo...[L]os reiterados ofrecimientos del
Gobierno Argentino se han encontrado con la negativa por parte del Reino
Unido a considerar el tema que representa el núcleo del conflicto entre
ambas naciones y el origen de las diferencias entre ellas. Sin duda
estas diferencias se resolverían en forma gradual si el Reino Unido
acordara reanudar las negociaciones con la República Argentina (34).
Siguiendo en los aspectos económicos, la política
británica de exportación a la Argentina fue que éstas continuaran como siempre.
Sin embargo, impusieron dos excepciones. Una, fue la prohibición de exportar
material militar y de uso estratégico (35). La segunda excepción fue que no se
extendió a los contratos nuevos la protección oficial del Export Credit
Guarantee Department. En la práctica esto significó que pocos bienes fueron
exportados (36).
En la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
el canciller Caputo denunció que el Reino Unido continuaba con la ocupación de
las Islas Malvinas a pesar de los reiterados pedidos de ese cuerpo (37). Al
mismo tiempo, siguiendo con la estrategia propuesta por el gobierno radical para
presionar a Gran Bretaña, el gobierno argentino tomó contacto con los líderes de
la oposición en el Parlamento británico. En septiembre 1985 el presidente
Alfonsín se reunió en París con el líder de la oposición, el laborista Neil
Kinnock. Poco después, en octubre, se entrevistó en Madrid con David Steel, jefe
de la bancada liberal (38). Con el primero suscribió un documento que declaraba
la necesidad de ambos países de restablecer relaciones plenas y de retomar las
conversaciones sobre el futuro de las islas. El comunicado conjunto expresó,
entre otros temas, lo siguiente:
Ambos [Alfonsín y Kinnock] estuvieron de acuerdo acerca de la
necesidad de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre
la República Argentina y el Reino Unido. Para ello, expresaron su deseo
de iniciar las negociaciones para arbitrar los medios de resolución de
los principales problemas entre los países, incluyendo todos los
aspectos sobre el futuro de las Islas Falkland/Malvinas.
También enfatizaron conjuntamente la importancia, para los habitantes
de aquellas islas, de efectivamente garantizar la preservación de sus
costumbres, sus formas de vida y tradiciones, así como también el
respeto por las formas de administración, la educación y la organización
social y económica. Al respecto el Sr. Kinnock destacó la importancia
fundamental de considerar absolutamente los intereses de los habitantes
de las islas, y el Presidente Alfonsín señaló este alcance y los
aspectos de los derechos garantidos por la Constitución democrática
argentina (39).
Con Steel, el presidente Alfonsín suscribió otro
documento en el que se establecieron los pasos a seguir para la normalización de
las relaciones: declaración formal de cese de hostilidades, eliminación de la
zona de protección alrededor de las islas, y la reanudación de negociaciones
totales sobre el futuro de las islas (40). Al mismo tiempo, Alfonsín concedió
una entrevista televisiva a un importante programa de la BBC (41). Según Makin,
tales actividades positivas no pudieron continuarse debido a que el gobierno
radical tuvo que abocarse a resolver problemas internos (42).
El año 1985 fue muy importante para los isleños. La sanción
de la nueva constitución de las Malvinas el 30 de octubre significó para ellos
un gran progreso político. En efecto, al mismo tiempo que los isleños deseaban
continuar su relación como territorio dependiente de Gran Bretaña, obtuvieron un
mayor control sobre sus asuntos internos. El texto eliminó las facultades del
gobernador de las islas (nombrado por Londres) para designar miembros al Consejo
Ejecutivo y de votar tanto en ese consejo como en el Consejo Legislativo (43).
Además, el gobierno británico otorgó ciudadanía plena a los isleños (44).
En febrero de 1986 se produjeron nuevos contactos entre el
Presidente Alfonsín y una delegación parlamentaria argentina con los líderes de
la Oposición en el Parlamento, Neil Kinnock (Laborista), David Steel (Liberal) y
David Owen (Socialdemócrata) (45). En esta ocasión, la oposición no se
comprometió firmemente sobre la transferencia de soberanía sino que sólo
acordaron en continuar dialogando (46).
Hacia mediados de 1986, el gobierno argentino comenzó a
implementar una nueva política de pesca. La misma tenía por objeto hacer cumplir
las regulaciones de pesca frente a la "alarmante depredación" de los stocks de
las pesquerías en el Atlntico Sur. Como consecuencia de esta política un buque
pesquero fue hundido en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. El 28 de
mayo, el buque de la Prefectura Naval Argentina, Derves, abrió fuego contra un
pesquero taiwanés y lo hundió (47). Cuando se produjo el encuentro, el pesquero
le informó a la nave argentina que se hallaba fuera de las 200 millas de la
costa argentina y dentro las 150 millas de las Islas Falkland. Desde el buque
argentino le respondieron que efectivamente se hallaba 200 millas fuera del
territorio continental pero que estaba dentro de las 200 millas de las "Argentine
Falklands." Por lo tanto, tenía órdenes de Buenos Aires de llevarlo a Puerto
Deseado. En caso contrario, amenazó con dispararle y hundirlo. El capitán del
pesquero preguntó entonces, si las Islas Falkland eran argentinas y al
respondérsele que si, se disculpó por no tener conocimiento de ello. Las
negociaciones se prolongaron por unas horas hasta que finalmente, la nave
argentina, cumpliendo con órdenes impartidas por Buenos Aires hundió al pesquero
(48). En la acción un marinero del buque taiwanés murió y otros tres resultaron
heridos. El gobierno británico condenó "el intento [argentino] de perseguir un
reclamo de soberanía por la fuerza" y calificó a estas acciones como "patrullaje
agresivo" dentro de las 200 millas de las Malvinas. Aguas que de hecho se
hallaban bajo su jurisdicción (49). Otro aspecto de la nueva política de pesca
implementada por la Argentina, fue la firma de acuerdos de pesca con la URSS y
Bulgaria, quienes reconocían la reivindicación argentina (50). Además, la
Argentina también dio señales de querer firmar acuerdos similares con otros
estados (51). A partir de ese momento, las autoridades británicas concluyeron
que sería imposible llegar a un acuerdo con los argentinos. Ambos hechos-el
hundimiento del pesquero y la entrega de licencias de pesca a terceros- fueron
utilizados por Londres para justificar su decisión de establecer unilateralmente
una zona de conservación pesquera. Esta recibió el nombre de Zona Interina de
Conservación y Administración Pesquera (FICZ) y se extendía por un radio de 150
millas alrededor de las Malvinas (52).
Otro hecho que volcó a Gran Bretaña hacia la imposición de
una zona de conservación fue el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo
multilateral por el tema de la pesca con la Argentina. Por lo tanto, el 29 de
octubre, el secretario Geoffrey Howe anunció que su país implementaría una zona
de conservación. El radio de 150 millas fue adoptado para evitar la
superposición con el área argentina de 200 millas establecida desde el
continente (53).
La Argentina dio a conocer la respuesta oficial a la
declaración británica del 29 de octubre el 17 de noviembre. La respuesta subrayó
que el centro de la disputa estaba en el tema de la soberanía de las islas
Malvinas. El documento expresó la disposición del gobierno para reanudar
negociaciones de acuerdo con los términos de las Naciones Unidas. Como paso
previo y preparatorio proponía iniciar un diálogo abierto. También, incluyó la
contrapropuesta de declarar el cese formal de las hostilidades -a pesar de creía
que era jurídicamente innecesario- a cambio de la eliminación por parte de Gran
Bretaña de la zona de protección militar de 150 millas. Por último, la
declaración del gobierno argentino aceptaba tratar todos los temas relacionados
con el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales, además de la
disputa por la soberanía (54).
Con referencia a otros aspectos de la relación, entre abril y
septiembre de 1986, las autoridades argentinas flexibilizaron informalmente su
política hacia las importaciones de bienes británicos, sin cambiar oficialmente
la política. En efecto, a principios de abril, el gobierno autorizó la
exportación de corned-beef a Gran Bretaña y a Hong Kong (55). Esta
flexibilización informal repercutió en la política interna de la Argentina. El 3
de septiembre, el Senado aprobó por unanimidad una resolución no obligatoria,
que urgía al presidente a no proseguir con la normalización del comercio con
Gran Bretaña hasta tanto ésta no accediera a discutir la soberanía de las islas
(56). Con posterioridad, cuando Gran Betaña informó en octubre, el
establecimiento de la zona de pesca y conservación este proceso de normalización
se interrumpió (57).
A estas alturas, observó un analista, el gobierno de
Margareth Thatcher se hallaba frente a un dilema. En efecto, al atribuir la
victoria electoral de 1983 en parte al factor Falkland se convirtió en una
prisionera de sus acciones pasadas y de la retórica que las precedieron. Por lo
tanto no se vislumbraba ningún cambio de política. Pues hacerlo ahora "sería
igual que admitir que llevó a las tropas británicas a la muerte en vano, y esto
es política y personalmente imposible. Mientras ella [estuviera] en el poder, no
se puede esperar ningún cambio en la política británica" (58). De este modo se
inició un período de lo que los analistas calificaron como de "impasse."
En el ámbito de las Naciones Unidas, el 27 de octubre de 1986,
se aprobó la resolución 41/11. Esta fue impulsada por países latinoamericanos y
africanos y fue aprobada por 124 votos a favor, una en contra y 8 abstenciones.
La resolución propugnaba el establecimiento de una Zona de Paz en el Atlántico
Sur (SAZOP) (59). La Argentina denunció las `incompatibilidades' de dicha zona
con la presencia de `zonas de tensión' como `la situación colonial de las
Malvinas' [visión apoyada por la Unión Soviética y Uruguay, entre otros]. Y
agregó que: `el establecimiento efectivo de la zona de paz en el Atlántico Sur
no será posible mientras no se resuelva el problema de las Islas Malvinas (60).'
Gran Bretaña apoyó la iniciativa, lo mismo que la Argentina y Brasil, pero contó
con la negativa de los Estados Unidos y la abstención de Francia y de la
República Federal de Alemania. Más tarde, la resolución 42/16 de las Naciones
Unidas reiteró su apoyo a la SAZOP (61).
En esos momentos, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a
mostrarse preocupado ante una posible escalada entre dos aliados, la Argentina y
Gran Bretaña. En consecuencia, a finales de 1986, el gobierno del presidente
Ronald Reagan inició gestiones oficiosas para impulsar un acercamiento entre las
partes (62). A partir de noviembre de 1986 se realizaron intercambios informales
secretos entre ambos países, a través del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. El tema se centraba `exclusivamente' en el problema pesca, sin embargo,
los documentos que se filtraron indicaron una interacción entre los temas de
pesca y soberanía (63). Hacia fines de 1987 cuando aún no se sabía el resultado
de estas conversaciones, el especialista británico Peter Beck esperaba que éstas
abrieran el camino para la discusión de otros temas (64).
A partir del 1 de febrero de 1987 comenzó la implementación
de la Zona Interina de Conservación y Administración de las Malvinas (ZICAM). A
pesar de las protestas, especialmente de la OEA, en contra de su aplicación, las
nuevas regulaciones de pesca fueron acatadas por los estados que pescaban en la
región y no se registraron incidentes (65).
Para mediados de 1987 si el gobierno argentino abrigaba
esperanzas de que la Oposición ganaría las elecciones parlamentarias y así
cambiar los términos de las negociaciones por las islas se vió frustrado. Pues
se enfrentó con la dura realidad de que debería continuar tratando con la misma
administración británica. En efecto, el 11 de junio Margareth Thatcher fue
reelecta por tercera vez para ejercer el cargo de Primer Ministro. Por lo tanto,
para el próximo año se esperaba más de lo mismo.
El año comenzó con una nueva situación de tensión entre el
Reino Unido y la Argentina. En febrero de 1988, el Ministerio de Defensa
británico informó que a partir de mediados de marzo de ese año se ralizarían
maniobras militares en la zona de las Malvinas (66). Las maniobras bautizadas "Fire
Focus" comenzaron el 16 de marzo. Las mismas consistieron en un ejercicio de
refuerzo de la defensa área de las islas, el transporte de tropas hacia las
mismas y ejercicios de las unidades involucradas. En Fire Focus participaron
aviones de la Real Fuerza Area, buques de la Armada Real y aproximadamente 1.000
soldados que fueron transportados a las islas desde las islas Británicas. Las
maniobras finalizaron el 31 de marzo (67). El gobierno argentino respondió a la
decisión británica ordenando una movilización militar y elevando, al mismo
tiempo, sus protestas ante los organismos internacionales (68). El 11 de
febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado de
prensa denunciando que la decisión británica constituía un hecho particularmente
serio y muy alarmante, creando nuevas y mayores tensiones (69). La Argentina
dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad una carta en la cual señaló "la
situación creada en el Atlántico Sur por la decisión del Gobierno del Reino
Unido de conducir maniobras militares en las Malvinas..." Poco más tarde, el 18
de marzo, el Consejo Permanente de la OEA se reunió en sesión extraordinaria por
pedido de la Argentina. En la reunión se adoptó una resolución en la cual el
Consejo Permanente expresó su profunda preocupación por el incremento de la
tensión como consecuencia del ejercicio militar propuesto por Gran Bretaña en la
zona de Malvinas. Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que ese país
reconsiderara su decisión con vistas a crear un clima de confianza para las
futuras negociaciones (70). La resolución obtuvo 27 votos a favor, ninguno en
contra y dos abstenciones (Santa Lucía y los Estados Unidos).
En otra organización intergubernamental, el Movimiento de los
Países no alineados (NOAL), se reunió la Oficina Coordinadora el 16 de marzo en
Nueva York para escuchar las declaraciones del canciller Caputo. Al término del
encuentro, el organismo emitió un comunicado "deplorando firmemente" la decisión
del gobierno del Reino Unido de realizar las maniobras militares (71).
A pesar de ello, Gran Bretaña no sólo se preocupó por el
estado de preparación militar, también se ocupó del desarrollo del archipiélago.
En este caso, una de las políticas prescriptas era la del aumentó de la
población. Al respecto, la postura de los isleños fue la de restringir la
inmigración a cuarenta personas por año. Sin embargo, en Londres, existían
opiniones al contrario. La inmigración debería fomentarse para alcanzar
alrededor entre 10.000 y 20.000. Se estimaba que ese era el número necesario
para sostener las islas como un estado independiente (72). Sobre el tema un
miembro del Comité de las islas Falkland en el Reino Unido (UKFIC) sostuvo en
julio de 1988 que:
los isleños deben enfrentar el hecho de que
sólo con lo que parecería ser un incremento masivo en la población, las
Falkland pueden esperar ganar el apoyo de un número suficiente de los
estados miembros de las Naciones Unidas para garantizarle su
soberanía... Tarde o temprano podría ser electo un gobierno en el Reino
Unido que por cualquier motivo quiera terminar su apoyo a las islas
(73).
En forma paralela con las relaciones, o mejor dicho,
no-relaciones gubernamentales, se estableció un diálogo anglo-argentino que era
informal y no oficial por parte de instituciones académicas de ambos países y
por parte de miembros del Parlamento, del Congreso argentino, académicos y
hombres de negocios (74). Todas estas actividades descriptas como "second-track
diplomacy" permitieron explorar posibilidades futuras que podrían conducir
finalmente a negociaciones gubernamentales (75). Según un observador, hasta ese
momento, el éxito en frenar cualquier iniciativa de negociación sobre el futuro
de las Malvinas por parte del Lobby de las Falkland se debió, en parte, a la
ausencia de otro lobby que sostuviera una posición opuesta (76). Más aún, el
establecimiento en 1983 en Londres del Consejo del Atlántico Sur (South Atlantic
Council), que tenía por objeto promover un acuerdo pacífico sobre la soberanía
de las islas, explica el sensible cambio producido en la opinión pública
británica respecto a apoyar la negociación de un acuerdo de soberanía con la
Argentina (77). Este grupo estaba constituido por políticos de todos los
partidos, académicos, miembros de la iglesia y empresarios. Las principales
figuras fueron parlamentario conservador Cyril Towsend y el laborista George
Foulkes. El logro más notable del consejo fue la publicación de trabajos sobre
diversos aspectos de la disputa, tales como opciones para un acuerdo con la
Argentina o promoción del restablecimiento de relaciones con la Argentina. No
obstante, comparado con el nivel de influencia alcanzado por el Lobby, la
influencia del Consejo fue limitada "debido a la falta de recursos así como
también de un objetivo claramente definido, basado en un principio" (78).
Beck sostiene que el gobierno argentino siguió estas
actividades con interés, en tanto el Gobierno británico se mostró desinteresado
y hasta "hostil", y calificó a los encuentros como "irrelevantes" dado que "no
había nada para discutir" (79). Pero, a partir de 1988 el Foreign and Colonial
Office comenzó a brindar cierto `apoyo' a estos encuentros como parte del
proceso de normalización de las relaciones (80).
En cuanto a las negociaciones secretas apoyadas por los
Estados Unidos éstas comenzaron progresar. Hacia finales de 1988, el gobierno
radical había preparado el borrador que establecía las bases para futuras
negociaciones que se conoce como la fórmula del paraguas (81).
Bajo ésta fórmula, las partes podrían avanzar en la discusión de otros temas en
tanto que se planteaban y continuaban vigentes sus respectivos reclamos de
soberanía. Las reuniones previstas para el año 1989 no se llevaron a cabo por la
negativa del gobierno británico a la espera del resultado de las elecciones
presidenciales de mayo de ese año y por el acortamiento del período presidencial
de Alfonsín (82).
***
El argentino Guillermo Makin señaló que el
establecimiento de la Zona de Conservación y las maniobras militares "Fire Focus"
dejaron en claro que el gobierno de Margareth Thatcher estaba dispuesto a
"quedarse y transformar las islas" (83). A tal efecto, durante éste período, las
autoridades en el Reino Unido decidieron finalmente llevar adelante las
recomendaciones del Informe Shackleton de 1982 (Falkland Islands Economic Survey
1982) para el fomento de la economía isleña. Hay que resaltar que muchas de
estas mejoras ya habían sido sugeridas en el informe de 1976. No obstante, hasta
antes del conflicto armado las autoridades británicas habían implementado sólo
unas pocas de estas recomendaciones (84). Para llevarlas a cabo, el gobierno
creó un fondo para el fomento del desarrollo que en cinco años invertiría £31
millones para la construcción de nuevos caminos, extensión de la
electrificación, mejorar las telecomunicaciones, la construcción de un jardín
hidropónico para abastecer a la población de vegetales y frutas frescas, fomento
del turismo, posibilitar la prospección petrolera, la implementación de una
reforma agraria y actividades para atraer nuevos inmigrantes (85). Pero la
implementación de la Zona de Conservación y Administración Pesquera a partir de
1987 fue la generadora de grandes cambios cualitativos y cuantitativos en las
islas.
En efecto, a partir de su implantación, el gobierno británico
sólo sufraga los gastos de defensa de la "Fortaleza Malvinas" (86). La mayor
parte de los ingresos de las islas provienen de la venta de licencias de pesca a
compañías extranjeras que desean pescar en la zona de conservación (87). Este
resultado inesperado de la venta de licencias ya generaba en 1987 un ingreso al
gobierno de las islas por alrededor de £14 millones y se esperaba que la cifra
se incrementara a £20 millones (88). Además, las grandes granjas, pertenecientes
a dueños ausentes fueron subdivididas y vendidas a "propietarios/ocupantes"
(89). Este hecho produjo que el ingreso por la producción lanera aumente,
oscilando entre los £3 y 4 millones. Otras fuentes importantes de ingresos para
el gobierno de las islas provienen de los intereses de inversiones extranjeras y
el turismo. Hacia 1996, la venta de licencias para la exploración petrolera
generaban nuevas expectativas para el crecimiento económico de las islas (90).
Por consiguiente, todos estos cambios produjeron un drástico aumento del ingreso
per cápita de los isleños a niveles que en 1995 superaron a los de Gran Bretaña
misma, los Estados Unidos y Alemania (91). Un efecto de la revitalización de la
economía isleña fue la de revertir la tendencia negativa en la taza de
crecimiento de la población. En efecto, el censo de población de fines de 1986
señaló una población de 1.916 habitantes, con una declinación en la proporción
de los isleños nativos a un 67% (92). La actual situación en las islas se resume
en las palabras de un habitante de las islas:
Los eventos de 1982 han
impulsado a las islas en una forma que no podría haberse
vislumbrado treinta años atrás (93).
Para algunos, estas mejoras sirven para
reforzar la presencia británica en las islas. Ello probablemente
tenga por efecto una disminución en el interés de ese gobierno por
deshacerse de las islas (94). En pocas palabras, puede afirmarse que
la decisión argentina de invadir las islas con el objeto de
reincorporarlas a su territorio tuvo el efecto no querido de
impulsar el desarrollo de las islas, aumentando así sus chances de
autosuficiencia.
Con el restablecimiento de un gobierno democrático en la
Argentina comenzaron a tomar auge las encuestas de opinión pública
en ese país. A partir de este período fue posible realizar
comparaciones acerca del estado de la opinión en ambos países, entre
otros temas sobre la disputa por los derechos de soberanía del
archipiélago.
En primer término se tratará la opinión de los ciudadanos
británicos. La mayoría mayoría de los encuestados en este período
creía que los intereses de los isleños debían ser respetados y que
sus deseos ser tomaros en cuenta, pero en una encuesta de 1986 sólo
el 38% creía que la mejor manera de asegurar esto era a través de la
continuidad de la soberanía británica. Cuando se preguntó en la
misma encuesta sobre cuál creían que era la mejor solución de largo
plazo, un 10% optó por la devolución a la Argentina, el 6% por un
arrendamiento, el 13% por el control conjunto, y el 19% por la
administración de las Naciones Unidas (95). Este grado de dispersión
en la opinión de los ciudadanos británicos explican en parte, según
Little, el grado de libertad con que contó la señora Thatcher para
formular la política hacia Malvinas con posterioridad a 1982 (96).
Al mismo tiempo, una encuesta realizada por una firma de
Buenos Aires, informó que sólo el 1% de los encuestados consideraron
la disputa por la soberanía de las islas como el principal problema
del país, y sólo el 7% lo ubicó en el segundo y tercer puesto en
gravedad. Más aún, cuando se preguntó si la Argentina debía
considerar la posibilidad de continuar la disputa por medio de la
fuerza, sólo el 4% estaba de acuerdo, mientras que alrededor del 64%
estaba a favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas
con el Reino Unido (97). En el período comprendido entre junio 1984
y abril de 1986, la proporción de encuestados argentinos que
favorecieron a una demanda unilateral por la devolución de las islas
decreció del 52% al 34%, en tanto que aquellos que preferían la
opción de proseguir negociaciones para ese fin, crecieron del 42% al
62%. Estos resultados mostraban que la flexibilización de las
actitudes por parte del público argentino se produjo con respecto a
los medios, pero no hacia los fines (98). En abril de 1988, en un
encuesta realizada en centros urbanos de la República Argentina el
74% de los encuestados afirmó que la decisión argentina de ocupar
las Malvinas en 1982 había sido "totalmente incorrecta" o "más o
menos incorrecta" (99).
Al mismo tiempo, un 80% de los encuestados dijo que la mejor
manera de resolver el problema de Malvinas era negociando con los
británicos y sólo un 8% se pronunció en favor de recurrir a la
fuerza si fuera necesario. Respecto de la evaluación del público de
cómo el gobierno del presidente Alfonsín se había conducido en el
tema Malvinas, un 49% de los encuestados dijo que el gobierno había
hecho lo mejor posible dadas las circunstancias. Al mismo tiempo, un
36% expresó que el gobierno se había mostrado débil frente a los
británicos y sólo un 3% creía que el gobierno había presionado a los
británicos (100).
En 1990 se realizó simultáneamente una encuesta en ambos
países para comparar la opinión sobre la marcha de las
negociaciones. En Gran Bretaña las encuestas mostraron que para
fines de los 80s las Malvinas no tenían ninguna relevancia en
comparación con otros problemas internacionales y domésticos
contemporáneos. En la Argentina, a pesar de la posición oficial de
que las islas son una porción de territorio ocupado, la opinión
pública no asignó gran relevancia al tema. Las respuestas se
volcaron más hacia mejorar las relaciones económicas con el mundo y
la búsqueda de nuevos mercados (101). Además, las encuestas
producidas tanto en la Argentina como en Gran Bretaña mostraron que
en ese período era claro que el "factor Malvinas" no constituía una
amenaza para los gobiernos desde los respectivos electorados. En
ambos países existían niveles muy altos de aprobación hacia medidas
que apunten a mejorar su relación (102).
Noguera y Willetts concuerdan en que las encuestas mostraban,
hacia 1990, que había una mayor tendencia hacia el compromiso de lo
que lo que mostrban las posiciones oficiales de ambos países. La
visión que el público de los dos países era la de favorecer un
control conjunto. En tanto que la idea del arriendo (leaseback)
no fue favorecida por ambos públicos. La única dificultad que pueden
encontrar los gobiernos es que los dos electorados apoyaban
mayoritariamente soluciones distintas en sus respectivos países
(103). En este caso, el electorado británico se mostraba más
favorable a dejar la administración de las islas en manos de las
Naciones Unidas que el electorado argentino.
No obstante estas cifras, el público argentino también mostró
un cambio de opinión con respecto a negociar con Gran Bretaña. En
efecto, mientras que en 1984 la mayoría se oponía a negociar, en
1990 un 58% de los encuestados apoyaba el llegar a una solución
negociada con Gran Bretaña (104). Por último, tanto Noguera como
Willets concluyeron que en esos momentos "la disputa [podía] generar
alguna emoción en un debate abstracto, pero su escasa relevancia
para el promedio de los británicos y los argentinos significa que es
poco probable que," la política hacia las Malvinas, "afecte los
patrones de votación" (105). Más aún, si bien persisten diferencias
significativas entre los dos públicos respecto de su opinión sobre
el futuro en el largo plazo de las islas, ambas partes se mostraron
deseosas de considerar algún acuerdo de compromiso (106).
En cuanto a las relaciones económicas entre Gran Bretaña y la
Argentina no hay mucho para decir. Las consecuencias del conflicto
tuvieron un impacto pequeño sobre el volumen de las relaciones
comerciales entre ambos países. El conflicto sólo acentuó una
tendencia al alejamiento que ya se presentaba nítidamente antes del
conflicto (107). Las investigadoras Thomas y Hayson concuerdan con
esta descripción cuando afirman que "la característica más saliente
del comercio anglo-argentino en el período posterior a la guerra de
Malvinas es su ausencia...el comercio entre ambos países ha sido
insignificante." Además agregan que "es interesante observar que
esto no ha representado un gran cambio respecto del período
inmediato anterior a 1982 (108)." En el año previo al conflicto, las
exportaciones argentinas alcanzaron U$S 218 millones mientras que la
Argentina importó de Gran Bretaña por un valor de U$S 322 millones.
En 1982, las exportaciones argentinas al Reino Unido habían
alcanzado la cifra de U$S 73 millones en tanto que las importaciones
ascendieron a U$S 68 millones. En los años 1983 y 1984 no se
registraron intercambios, pero para 1986 el intercambio comenzó a
crecer y las exportaciones argentinas al Reino Unido alcanzaron los
U$S 32 millones y las importaciones desde el Reino Unido rondaron
los U$S 12 millones. Estos valores representan 0,43% del total de
exportaciones argentinas y 0,23% del total de las importaciones
(109).
La disputa entre la Argentina y Gran Bretaña no se
circunscribe solamente al archipiélago de las Malvinas. Los grupos
de islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur también son motivo de
disputa entre ambos países. Estas islas también se encuentran
actualmente bajo el control británico. Al respecto, la promulgación
de la nueva constitución de las Malvinas en 1985 produjo una reforma
administrativa para estos territorios que en su conjunto conforman
las Dependencias de las Islas Malvinas (Falkland Islands
Dependencies) que desde 1962 comprende solamente a las islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur (110).
Según el nuevo documento, el Consejo Ejecutivo de las Malvinas
perdió sus poderes ejecutivos sobre las islas pero aún conserva
facultades consultivas. A pesar de los cambios, el gobernador de las
Malvinas continúa siendo el comisionado de las Islas Georgias del
Sur y Sandwich del Sur (111).
Una vez finalizado el conflicto de 1982, la posición de las
partes respecto de estas islas no se modificó y continúan siendo
reclamadas por la Argentina. En tanto que los británicos rechazan
ese reclamo. Al respecto, en un informe elevado al Parlamento por el
Foreign and Colonial Office en noviembre de 1982 argumentó que:
La cuestión de los títulos de
las Dependencias de las Islas Falkland es legalmente
distinta a la de los títulos de las Falkland en si. Aunque
por conveniencia las Dependencias continúan siendo
administradas por el Gobierno de las Islas Falkland... Del
mismo modo, la soberanía británica se extiende al mar
territorial alrededor de las Dependencias y de su espacio
áreo y su mar territorial...
y concluye:
Por lo tanto, cualquiera sean
los argumentos históricos que esgrima la Argentina sobre las
islas Falkland no tiene validez para las Dependencias. En
1976 la Argentina estableció una base científica en las isla
Tule del Sur perteneciente al grupo de las Sandwich del Sur.
El Gobierno de su Majestad protestó reiteradamente ante la
Argentina y reafirmó sus derechos de soberanía sobre la
isla. La ocupación argentina finalizó en junio de 1982
(112).
Aún más, en 1984 el Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de los Comunes declaró categóricamente que,
a diferencia de las dudas expresadas sobre los méritos de los
reclamos históricos presentados por Gran Bretaña y por la Argentina
sobre las islas Falkland, el comité no tenía "ninguna dificultad
para concluir que los reclamos argentinos respecto de las
Dependencias, islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no tienen
fundamento legal". (113).
A pesar de estas afirmaciones, la Argentina persiste en sus
reclamos y algunos parecen abrigar alguna esperanza para el futuro.
Por ejemplo, el funcionario de la Cancillería argentina, Olivieri
López, sostiene que el hecho de que estos territorios están
deshabitados facilita la no intervención de los isleños y así, éstos
serían totalmente ajenos al destino final de las Dependencias (114).
-
Little (1989),
60-61.
-
Little (1989), 61.
-
Gustafson (1988), 184.
-
Gustafson (1988), 188.
-
Gustafson (1988), 186-87.
-
Gustafson (1988), 181.
-
Gustafson (1988), 181. Asimismo, Gustafson sostiene
respecto de estos intercambios que "Gran Bretaña pretendía un tratado de paz
luego de ganar una guerra; por el contrario, la Argentina pretendía reabrir
la disputa luego de perder una batalla".
-
Beck (1988), 171.
-
Makin (1992), 232.
-
Makin (1992), 227.
-
La delegación de cuatro
funcionarios argentinos estuvo encabezada por el Subsecretario de Asuntos
Australes, Marcelo Delpech. La delegación británica estuvo compuesta por
cinco funcionarios del Foreign Office y liderada por David Thomas,
Subsecretario para las relaciones con América. (Escudé y González de Oleaga,
18)
-
Little (1989), 61.
-
Beck (1988), 174; Little
(1989), 61; y Freedman (1988), 67.
-
Makin (1992), 229.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 18-19.
-
Beck (1988), 174.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 19.
-
Beck (1988), 175.
-
Makin (1992), 229-30.
-
Makin (1992), 230.
-
Oivieri López (1992), 136.
-
Fifth Report from the
Foreign Affairs Committee (Informe Kershaw), 25-10-1984, p. lii para.
145 y 146.
-
Gustafson (1988), 183.
-
Makin (1992), 231.
-
Ellerby (1992), 101.
-
Ellerby (1992), 101. Carlos
Floria señala que la aparición de este "nacionalismo isleño" es un factor
muy importante que aumenta la complejidad del proceso de negociación. En
este sentido, señala Floria, los gobiernos argentino y británicos no tomaron
suficiente nota de este cambio. Este sentimiento, en conjunción con la
afluencia económica, reforzaría aún más la voluntad en favor del status quo
(Floria, 1991, 99).
-
Declaraciones del canciller Dante Caputo (Escudé y
González de Oleaga, 1996, 15-16). Según estos autores, el gobierno argentino
posteriormente se arrepintió de esta respuesta e intentó llevar adelante el
intercambio propuesto anteriormente por los británicos. Pero cuando declaró
estar dispuesto a hacerlo ya era tarde, pues éstos habían concluido que el
gobierno argentino era intratable. (1996, 53 n. 17)
-
Makin (1992) 232. Los
periódicos fueron Clarín, La Prensa y La Nación, ediciones del 7 de abril,
5, 14, y 17 de mayo.
-
Kinney (1989), 265.
-
Carbajal (1997), 17.
-
Doc. ONU A/40/496 p.2
-
Little (1989), 62; Thomas y
Hayson (1989), 168.
-
Texto completo en Dolzer
384-85.
-
Texto completo en Dolzer
386-87.
-
A pesar de ello, en 1983 se había autorizado la venta de
motores Rolls Royce para equipar a las fragatas argentinas construidas en es
momento en la República Federal Alemana (SIPRI 1983, 487).
-
En los años previos a 1982,
el 80% de las exportaciones británicas a la Argentina contaron con la
protección del ECGD (Thomas y Hayson, 1989, 169).
-
Gustafson (1988), 189.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 20.
-
Texto completo en Dolzer
389-390.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 20.
-
Makin (1992), 231.
-
Makin (1992), 232.
-
Esta mejora fue subrayada por el embajador británico ante
las Naciones Unidas como muestra del acatamiento de su gobierno a la carta
de dicha organización. Más específicamente, concuerda con el artículo 73b
que insta a las potencias coloniales a desarrollar la capacidad de
autogobierno y tener en cuenta las aspiraciones de los habitantes de las
colonias (Gustafson 1988, 188).
-
Los habitantes de las
Malvinas y los de Gibraltar son los únicos territorios dependientes de Gran
Bretaña que tienen ese privilegio. (Aldrich y Connell 209)
-
Beck (1988), 178.
-
Beck (1988), 179.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 21 y Beck (1988), 185.
-
Transcripción del diálogo radial entre los buques. Copia
en posesión de los autores.
-
Beck (1988), 186 y Churchill
(1989), 95.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 21; Churchill (1989), 95.
-
Churchill (1989), 95.
-
Willetts (1989), 109;
Olivieri López (1991) 135, 137, 141; Gustafson (1988), 189.
-
Gustafson (1988), 189; el
texto completo de la declaración en Carbajal (1997), 34-5.
-
El texto completo está en C.
del Castillo (1989), 90-91, anexo.
- De este modo el gobierno argentino buscó recuperar su
participación del 50% del mercado británico de corned beef que representaban
anualmente U$100 millones (Thomas y Hayson, 1989, 169).
-
Thomas y Hayson (1989), 169.
-
Thomas y Hayson (1989) 170.
-
Little (1989), 67.
-
Beck (1988), 184; ver también
pp. 146-7 y 195 nota 69.
-
Beck (1988), 184.
-
Beck (1988) 185; ver también
195 nota 74.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 23.
-
Beck 188 y 196 n. 92 para
fuentes y fechas; Thomas (1991), 38.
-
Beck (1988), 189.
-
Churchill (1989), 96.
-
Noguera y Willetts (1992),
239.
-
Dolzer 401-402.
-
Escudé y González de Oleaga
(1996), 17.
-
Dolzer 401. Doc. de la ONU
A/AC. 109/962.
-
Dolzer 398.
-
Dolzer 398.
-
Ellerby (1992), 104.
-
Citado por Ellerby (1992),
104. El UKFIC había sido creado a mediados de 1973 como un desprendimiento
del Comité de Emergencia. Tenía sede en Londres y una filial en las islas.
El objetivo de este grupo era "asistir al pueblo de las islas Falkland en
decidir por ellos mismos sobre su futuro sin presiones internas o externas."
(Ellerby, 1992, 91)
-
Ver lista en Beck (1988),
189.
-
Beck (1988), 189. Esta modalidad de diplomacia paralela
es también conocida como "resolución interactiva del conflicto" y comprende
todos los diálogos "off-the-record" entre individuos de países en conflicto
que no actúan en representación oficial con el objeto de desarrollar
estrategias, influenciar a la opinión pública, y organizar los recursos
humanos y materiales que pudieran ayudar a resolver el conflicto. (Chataway
1998)
-
Ellerby (1992), 96. Sin
embargo, como consecuencia de los cambios políticos producidos en las islas
desde el fin de la guerra de 1982, las actividades del Lobby de las
Falklands se redujeron.
-
Ellerby (1992), 102.
-
Los isleños tenían el principio de autodeterminación (Ellerby
103).
-
Beck (1988), 189.
-
Beck (1988), 190.
-
El mismo es "un mecanismo jurídico... que permite que las
partes que mantienen una disputa y que asisten a una reunión determinada,
adopten resoluciones de interés común sin perjuicio de sus respectivas
posiciones de soberanía, que quedan reservadas" (García del Solar: Archivos
del presente, 27-28).
-
García del Solar (1997), 28.
Para una descripción de como se desarrollaron las negociaciones a partir la
asunción a la presidencia de Carlos Menem, el 9 de julio de 1989, hasta la
firma de los Acuerdos de Madrid de 1990 que normalizaron las relaciones, ver
Floria (1991) 85-88.
-
Makin (1992), 235.
-
Aldrich y Connell (1998), 317
nota 34.
-
Aldrich y Connell (1998),
210.
-
En efecto, a partir de 1992 las islas dejaron de percibir
ayuda económica directa del gobierno británico. (Carbajal, 1997, 28 en base
a datos provistos por la Falkland Islands Government Treasury)
-
Entre los países que requirieron licencias se encuentan
España, Taiwan, Japón, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. (Carbajal, 1997,
27)
-
Carbajal (1997), 27;
Churchill (1989), 96.
-
Teggart (1997), 42; Gustafson
(1988), 187.
-
Teggart (1997), 43; Bound
(1997).
-
En 1995 el PBI per cápita de las islas Malvinas era de
U$S 28.425, los Estados Unidos U$S 27.400, Alemania U$S 26.000 y Gran
Bretaña U$S 18.950. (Carbajal, 1997, 30 nota 38 en base a datos de la
Economist Intelligence Unit y del Falkland Islands Government Trasury). Para
1996, Graham Bound señala que el salario promedio anual de las islas era de
U$S 24.750. (Bound, 1997)
-
Freedman (1988), 68. Según el censo de 1980 el total de
nacidos en las islas alcanzaba al 75% de la población.(Thomas, 1991, 19)
Hacia fines de 1996, la población de las islas ya alcanzaba los 2.500, y la
edad promedio de los isleños era menor a 45 años (Bound, 1997). Otra fuente
menciona para ese mismo año, 2.704 habitantes. (Aldrich y Connell, 1998,
275)
-
Teggart (1997), 44.
-
Aldrich y Connell (1998),
210.
-
Little (1989), 65.
-
Little (1989), 67. Según este
autor, mientras que la señora Thatcher expresó en repetidas oportunidades su
deseo de normalizar las relaciones con la Argentina, afirmaba que no
esperaba que eso se lograra inmediatamente. Reconoció la negativa argentina
de excluir la soberanía de la discusión y se mostró constantemente reacia a
los intentos por parte de la diplomacia argentina de introducirla bajo una
guisa diferente. (ídem.)
-
Little (1989), 70.
-
Little (1989), 71.
-
Es notable que de este grupo
sólo el 23% pensaba que la guerra no resuelve nada y un 37% señaló la
inferioridad de los medios. Es decir, este último grupo no pensaba que
recurrir a la fuerza era intrínsecamente malo, sino que la invasión no debió
haberse llevado a cabo debido a la disparidad del poder militar.
-
Encuesta hecha por
Edgardo Catterberg y Asociados citada en Floria (1991), 104.
-
Noguera y Willets
(1992), 255.
-
Noguera y
Willetts (1992), 244 y 255.
-
Noguera y
Willetts (1992), 252.
-
Según encuestas
realizadas por la consultora SOCMERC. (Floria,1991, 95 y 96)
-
Noguera y
Willetts, 255.
-
Ibid., 264.
-
Tussie (1989),
163-4.
-
Thomas y Hayson
(1989), 165.
-
En base a datos
presentados por Thomas y Hayson (1989), 180-182.
-
Hasta 1962, este
territorio también comprendía a las islas Orcadas del Sur, Shetland del Sur
y Península Antártica. A partir de esa fecha éstas tierras pasaron a
construir una unidad administrativa denominada "Territorio Antártico
Británico".
-
Thomas (1991),
22-23.
-
House of Commons
Foreign Affairs Committee, Session 1982-83, Minutes of Evidence, 10
de noviembre de 1982; HC 31.
-
Reporte de 1984
citado por Thomas (1991), 22.
- Olivieri López (1992), 194. Según este autor, la
Argentina podría adoptar una posición más flexible y podría aceptar la
fórmula del condominio sobre esos territorios tal como lo habían sugerido
los términos de referencia propuestos por el gobierno laborista en 1977
(194). Por el contrario, los británicos sostienen que esos términos
caducaron al no haberse llegado a ningún acuerdo en su momento. (Thomas,
1991, 22 y 27-28)
Esta información procede de
"Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina" se
han vinculado solo los temas relacionados con Malvinas. Esta obra esta compuesta
de 14 tomos publicada por Iberoamérica y los Directores son Andrés Cisneros y
Carlos Escudé.
El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos
citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá
contar con la autorización por escrito de los autores.
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