CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES EN MALVINAS DE CORRIENTES

Las relaciones anglo-argentinas después del conflicto de Malvinas. Julio de 1982 a julio de 1989.

• Enero de 1984-julio de 1989

En enero de 1984, el gobierno argentino tomó la iniciativa y propuso "degradar" el tema de la soberanía para facilitar la normalización. La propuesta contenía la siguiente fórmula: el cese formal de las hostilidades, el levantamiento de la zona de protección, la restauración de las relaciones diplomáticas y comerciales, la reducción del número de efectivos militares. Una vez que estos pasos fueran tomados, las conversaciones abiertas podrían reanudarse (1). Los británicos sospechaban que a pesar de sus declaraciones, los funcionarios argentinos sólo pretendía reanudar las conversaciones por la soberanía. Por lo tanto, restringieron los temas a repatriación al continente de los muertos durante la guerra, la reanudación de los vínculos comerciales y financieros y la restauración de los contactos diplomáticos directos. Para los británicos, el retiro de las tropas y la introducción de agenda abierta eran inaceptables. Según Little, a la Primer Ministro le "parecía que los argentinos se rehusaban a reconocer que las cosas habían cambiado como consecuencia de su ocupación de las islas" (2).
    Con el fin de expulsar de las islas a Gran Bretaña, y siguiendo con la estrategia planeada, el gobierno argentino había optado por mantener un estado de tensión lo suficientemente alto para que ésta construyera una base militar que fuera muy costosa de mantener (3). De acuerdo con Gustafson, para febrero de 1984, el gobierno radical había abandonado esta estrategia cuando comprobaron que Gran Bretaña estaba dispuesta a pagar el alto costo.
    A principios de 1984, el gobierno de Alfonsín buscaba retrotraer la situación al status-quo existente antes de 1982 y no al de 1964 (4). Había quienes especulaban que los acuerdos de Peking de 1984 entre Gran Bretaña y la República Popular China sobre la futura transferencia de Hong Kong podrían servir como modelo para resolver el caso de las Malvinas. Por ejemplo, el parlamentario laborista George Foulkes urgió a su gobierno a aplicar el modelo de Hong Kong a la disputa con la Argentina. Esta propuesta también encontró eco en este país. La aplicación del modelo sería aceptable si se acordaba un corto período de transición entre los acuerdos y el traspaso definitivo. Al respecto, el canciller Caputo dijo que la Argentina "podría considerar arreglos transitorios". Al mismo tiempo, el presidente Alfonsín afirmó que "podemos aceptar una solución de tipo Hong Kong medida en meses, no en años. También podríamos aceptar que se nos devolvieran las islas en el plazo de cinco años o tres años, pero no en veintinueve años" (5).
    En febrero 1984 Raúl Alfonsín asistió a la ceremonia de asunción presidencial de Jaime Lusinchi en Caracas. En esa ocasión, el presidente argentino aprovechó para exponer una nueva estrategia para las Malvinas que parecía ser más flexible. Alfonsín propuso que una fuerza de paz de las Naciones Unidas reemplazara a la guarnición británica y solicitó el inicio de conversaciones tendientes a levantar la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido a los buques argentinos. A cambio de ello la Argentina declararía de jure el cese de las hostilidades y el retorno a las relaciones bilaterales normales como antes de la guerra, pero también agregó que "la Argentina no renunciará nunca a sus legítimos derechos sobre las Malvinas" (6). Al día siguiente, los británicos rechazaron la propuesta. El secretario de estado para asuntos extranjeros, Geoffrey Howe, afirmó que era claro que tanto el gobierno como la protección de las Falklands eran su responsabilidad. Pero, también aclaró que su gobierno estaba interesado en la normalización de las relaciones bilaterales, pero no a conversar sobre las islas (7).
    A mediados de año, el 7 de junio, todos los partidos políticos firmaron en Buenos Aires una Declaración Conjunta. En la misma demandaron el "reconocimiento de nuestros derechos sobre las Malvinas como parte de nuestro territorio nacional" (8). Poco después, el 16 de junio, la prensa argentina informó que la empresa First Land Oil and Gas había sido autorizada por el gobierno de las islas a extraer petróleo y gas. La Argentina protestó enérgicamente, declarando que ningún acuerdo petrolero sería reconocido en el territorio argentino de las Malvinas y las aguas adyacentes. El Comisionado Civil de las islas, Rex Hunt, contestó que las islas nunca habían pertenecido a la Argentina y que él esperaba la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina, pero de ningún modo quería relaciones entre las islas y ésta última. El Reino Unido, por su parte, notificó al Secretario General de la ONU que los isleños tenían absoluto derecho para comenzar la explotación petrolera además, estas medidas permitirían el desarrollo económico de las islas y no estaba conectado con la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina (9).
    A pesar de los escasos intercambios públicos, desde la asunción al poder del presidente Alfonsín había habido intercambios confidenciales a través de los países que representaban los intereses de cada una de las partes, Suiza y Brasil, para intentar alcanzar una fórmula aceptable y culminar con la normalización de las relaciones (10). Durante los días 18 y 19 de julio se llevaron a cabo conversaciones anglo-argentinas en Berna, Suiza (11). Los diplomáticos habían encontrado una fórmula que permitiría salvar la posición de ambas partes. Esta consistió en que en una reunión, la parte argentina sólo plantearía el tema de la soberanía. Por su parte, la parte británica respondería que se rehusaban a discutir el tema (12). La fórmula fue específicamente diseñada en forma ambigua para proteger los deseos de cada parte. El encuentro en Berna fracasó por el tema de la soberanía y ambos lados se acusaron mutuamente de haber faltado a la fórmula previamente pactada (13)
    La prensa argentina informó que fuentes suizas habían asegurado a los diplomáticos argentinos que cuando estos presentaran para su discusión el tema de la soberanía, se había acordado que los británicos responderían "no estar en posición" para discutir el tema. En ese caso, la Argentina asumiría que la soberanía no estaría excluida y se procedería con la discusión de otros temas. Sin embargo, la repuesta británica fue diferente, sus representantes informaron que "no estaban preparados" para discutir el tema, lo cual tiene un significado muy diferente al de la respuesta esperada (14). La fórmula expresada originalmente en inglés, establecía que ante el requerimiento argentino de tratar el tema de la soberanía, el gobierno británico respondería que el Reino Unido "is not prepared" para tratar el tema. La traducción al castellano de podría ser "no está dispuesto" o "no está preparado." En ese caso, cada parte le daría la interpretación que quisiera. Para los argentinos, el Reino Unido "no está preparado" para discutir el tema, pero podría hacerlo más tarde. Mientras que los británicos podrían interpretar la fórmula en el primer sentido, es decir, "no estar dispuestos". Bajo esta ambigua fórmula ambos gobiernos se abocarían a tratar otros temas. El problema surgió cuando los británicos "introdujeron en la reunión una traducción simultánea en castellano de carácter oficial, por lo cual sus palabras pasaban a tener el significado que ellos en realidad querían darle, esto es, que no estaban dispuestos a tratar el tema" (15). El gobierno británico declaró que el gobierno argentino había interrumpido "súbitamente las conversaciones por no atenerse a la fórmula pactada" (16). Las diferencias surgieron por la introducción de la traducción simultánea. Fuentes argentinas sostienen que se había acordado que no habría intérpretes en la reunión. Los británicos sostienen que no hubo ninguna violación de las reglas previamente pactadas (17). Ante los hechos, el gobierno suizo reconoció que las partes estaban más distanciadas de lo que se imaginaba. Según Beck, "el episodio de Berna, que sólo consistirían en conversaciones sobre conversaciones, ilustra la incompatibilidad básica de los enfoques de la Argentina y Gran Bretaña sobre el futuro de las islas". Por un lado, los británicos se mantuvieron intransigentes respetando los deseos de los isleños y por otro lado, la Argentina no estaba dispuesta a repetir la experiencia del período 1966-1982, de mantener conversaciones que aparentemente no llevarían al logro de la transferencia de la soberanía (18). Según Makin, estos contactos sirvieron para reafirmar que el gobierno de Alfonsín no llevaría adelante negociaciones porque si, sino que ésta deberían comenzar sin excluir expresamente el tema de la soberanía (19). Con el abrupto fin de las conversaciones de Berna se cerró toda posibilidad de contactos directos entre los gobiernos. Esta situación perduró hasta después de las elecciones generales británicas de junio de 1987.
    En septiembre de 1984, el presidente Alfonsín anunció ante la Asamblea General que, respecto de las Malvinas, la Argentina estaba dispuesta mantener negociaciones y atenerse a medios pacíficos pero que el restablecimiento de relaciones con el Reino Unido era inconcebible si no se presentaba algún mecanismo que incorporara la discusión de la soberanía. De las declaraciones del presidente se infería que una solución tipo Hong Kong era aceptable. Sin embargo, la repuesta británica en boca del secretario Howe fue que Hong Kong era diferente a otros territorios británicos (20).
    El 25 de octubre, se discutió en la Cámara de los Comunes el informe del Comité de Asuntos Extranjeros presidido por Sir Anthony Kershaw (21). En el informe definitivo el Comité se mostró cauteloso y no aconsejó el establecimiento de una zona económica exclusiva en las aguas de las Falklands, aclarando además que:

Existe una razón importante para regular y licenciar la pesca, pero hay considerables problemas políticos y prácticos. En primer lugar, si no hubiera una disputa de soberanía es una cuestión en la que tendría que consultarse con los vecinos, incluyendo a la Argentina. En segundo lugar, existen dudas de la aceptabilidad internacional de una zona impuesta unilateralmente, particularmente entre los países del Tercer Mundo y Comunistas, dada su simpatía por la causa de la soberanía Argentina (22).

Más tarde, en 1986, como respuesta a las acciones argentinas, se verá que el gobierno británico pudo superar estas objeciones e imponer unilateralmente una zona de conservación de pesca.
    En Gran Bretaña, el tema Malvinas también fue utilizado por la oposición al gobierno de Margareth Thatcher. El líder del partido laborista Dennis Healey criticó la política de la Primer Ministro de negarse a discutir el tema soberanía. Más aún, sostuvo que mientras ella había negociado con la dictadura comunista de China sin consultar a los cuatro millones de habitantes de Hong Kong, se negaba a conversar con un régimen democrático por los deseos de 1.800 personas. A Healey se le sumó el líder de los Socialdemócratas, David Owen. Este calificó a la posición de Alfonsín como "positiva." En este sentido, Owen era partidario de proteger los derechos de los isleños sin adjudicarles poder de veto (23). Sin embargo, a pesar de las expresiones de los partidos opositores, la cómoda mayoría conservadora en el Parlamento garantizó a la Primer Ministro la continuación de su política de no negociar la soberanía.
    Hacia fines de 1984, el gobierno radical mostró sus intenciones de concentrar su acción diplomática en la ONU urgiendo al Reino Unido a buscar una solución negociada entre ambos países que asegure las buenas relaciones entre los países y los derechos de los isleños. La respuesta del representante británico reiteró que el futuro de las islas debía ser resuelto por los propios isleños y propuso, en cambio, que se restablecieran las relaciones comerciales, los vuelos comerciales y los intercambios culturales y deportivos, como pasos previos para mejorar la relación sin recurrir a negociaciones por la soberanía (24).
    Con la intención de hacer las islas económicamente viables, se creó en 1984 la Corporación para el Desarrollo de las Islas Malvinas (Falkland Islands Development Corporation) con sede en Escocia y con un Consejo para el Desarrollo de las Islas. Entre sus políticas prioritarias figuraban la diversificación de la economía, mejoras en la infraestructura y el impulso de la inmigración selectiva con el objeto de aumentar la población (25). De estas políticas, el cambio más importante que se dio en las islas fue la redistribución de tierras en la colonia. En efecto, mientras el porcentaje de tierra en manos de los isleños era de 24% en 1980, para 1989 alcanzaría al 73% Según la opinión de un experto británico, esta redistribución propulsó la iniciativa local hacia el desarrollo y ayudó a la aparición de un sentido de identidad "isleño" que se combina con el patriotismo local, la anglicidad de su cultura y confianza en el protección británica (26).
    A comienzos 1985, el gobierno británico pareció intentar nuevamente destrabar la relación con la Argentina. En esta ocasión, Margareth Thatcher ofreció intercambiar el cese formal de hostilidades por la abolición de la zona de exclusión marítima en torno a las islas. La Primer Ministro declaró que Gran Bretaña tenía "muchas cosas" para conversar con la Argentina, pero que todo ello no podía ser alcanzado mientras los argentinos no declararan que las hostilidades habían cesado. A cambio de ello, afirmó, "es natural que los argentinos deseen la abolición de la zona de exclusión, pero la zona existe sólo porque estamos en un estado de hostilidades". El 23 de enero, el gobierno argentino, respondió que "no aceptaremos que se nos quiera imponer un cese unilateral de hostilidades" (27).
    En los primeros días de abril, los periódicos argentinos publicaron que el canciller Caputo había denunciado que la "Fortaleza Malvinas" traería el conflicto Este-Oeste al hemisferio sur y su critica al Reino Unido por negarse a discutir sobre la soberanía. También agregó que la presencia de las fuerzas británicas en la zona representaba una agresión contra la Argentina y América Latina. Tanto el Canciller como el vice canciller afirmaron que el despliegue militar británico era excesivo (28). Otros, en cambio, interpretaron que la Fortaleza Malvinas no respondía a una política británica sino a una condición política y logística impuesta por la negativa Argentina de proveer transporte y comunicaciones desde el continente sudamericano (29).
    El 12 de mayo, finalmente, se inauguró el aeropuerto de Mount Pleasant en las Malvinas. Este fue construido para reemplazar al de Puerto Argentino. La pista era lo suficientemente larga para recibir aviones de transporte de gran porte. Ello permitiría a los británicos reducir la presencia de fuerzas terrestres en las islas. Su costo aproximado alcanzó los £300 millones (30).
    El 8 de julio, el Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores del Reino Unido y del Commonwealth declaró nuevamente que el Reino Unido "is not prepared" a discutir la soberanía de las Malvinas (31). A pesar de ello, al día siguiente y en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas sin discutir aún el tema de la soberanía, Gran Bretaña levantó el embargo comercial hacia la Argentina (32). En un principio, el gobierno argentino no respondió del mismo modo y no actuó con reciprocidad, y por lo tanto, mantuvo la prohibición a las importaciones británicas. Al día siguiente, el canciller Caputo replicó ofreciendo el cese de hostilidades a cambio de la reanudación de las conversaciones por la soberanía. Al respecto informa el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, Geoffrey Howe, que:

La Declaración emitida el 10 de julio por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino es una respuesta contradictoria a la iniciativa que tomamos de levantar la prohibición establecida a las importaciones argentinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino ha reconocido que nuestra acción fue una medida positiva. Pero, su declaración no indica presdisposición alguna a actuar en forma recíproca. En su lugar, solicita a Gran Bretaña que inicie conversaciones incluyendo el tema de la soberanía sobre las Islas Falkland en un lapso de 60 días (33).

El gobierno británico no accedió a esta propuesta. El 12 de septiembre, el Canciller Caputo declaró en Buenos Aires que Gran Bretaña no había aceptado el ofrecimiento argentino:

El 11 de septiembre finalizó el período de 60 días posterior a la invitación que el Gobierno Argentino extendiera, por mi intermedio, al Gobierno del Reino Unido, a efectos de reanudar las negociaciones sobre el tema de las Islas Malvinas dentro del mencionado período...El Gobierno del Reino Unido ha enfatizado la necesidad de recuperar la confianza entre las partes, pero, sin embargo, se niega a reanudar el diálogo...[L]os reiterados ofrecimientos del Gobierno Argentino se han encontrado con la negativa por parte del Reino Unido a considerar el tema que representa el núcleo del conflicto entre ambas naciones y el origen de las diferencias entre ellas. Sin duda estas diferencias se resolverían en forma gradual si el Reino Unido acordara reanudar las negociaciones con la República Argentina (34).

Siguiendo en los aspectos económicos, la política británica de exportación a la Argentina fue que éstas continuaran como siempre. Sin embargo, impusieron dos excepciones. Una, fue la prohibición de exportar material militar y de uso estratégico (35). La segunda excepción fue que no se extendió a los contratos nuevos la protección oficial del Export Credit Guarantee Department. En la práctica esto significó que pocos bienes fueron exportados (36).
    En la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el canciller Caputo denunció que el Reino Unido continuaba con la ocupación de las Islas Malvinas a pesar de los reiterados pedidos de ese cuerpo (37). Al mismo tiempo, siguiendo con la estrategia propuesta por el gobierno radical para presionar a Gran Bretaña, el gobierno argentino tomó contacto con los líderes de la oposición en el Parlamento británico. En septiembre 1985 el presidente Alfonsín se reunió en París con el líder de la oposición, el laborista Neil Kinnock. Poco después, en octubre, se entrevistó en Madrid con David Steel, jefe de la bancada liberal (38). Con el primero suscribió un documento que declaraba la necesidad de ambos países de restablecer relaciones plenas y de retomar las conversaciones sobre el futuro de las islas. El comunicado conjunto expresó, entre otros temas, lo siguiente:

Ambos [Alfonsín y Kinnock] estuvieron de acuerdo acerca de la necesidad de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Argentina y el Reino Unido. Para ello, expresaron su deseo de iniciar las negociaciones para arbitrar los medios de resolución de los principales problemas entre los países, incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Falkland/Malvinas.

También enfatizaron conjuntamente la importancia, para los habitantes de aquellas islas, de efectivamente garantizar la preservación de sus costumbres, sus formas de vida y tradiciones, así como también el respeto por las formas de administración, la educación y la organización social y económica. Al respecto el Sr. Kinnock destacó la importancia fundamental de considerar absolutamente los intereses de los habitantes de las islas, y el Presidente Alfonsín señaló este alcance y los aspectos de los derechos garantidos por la Constitución democrática argentina (39).

Con Steel, el presidente Alfonsín suscribió otro documento en el que se establecieron los pasos a seguir para la normalización de las relaciones: declaración formal de cese de hostilidades, eliminación de la zona de protección alrededor de las islas, y la reanudación de negociaciones totales sobre el futuro de las islas (40). Al mismo tiempo, Alfonsín concedió una entrevista televisiva a un importante programa de la BBC (41). Según Makin, tales actividades positivas no pudieron continuarse debido a que el gobierno radical tuvo que abocarse a resolver problemas internos (42).
    El año 1985 fue muy importante para los isleños. La sanción de la nueva constitución de las Malvinas el 30 de octubre significó para ellos un gran progreso político. En efecto, al mismo tiempo que los isleños deseaban continuar su relación como territorio dependiente de Gran Bretaña, obtuvieron un mayor control sobre sus asuntos internos. El texto eliminó las facultades del gobernador de las islas (nombrado por Londres) para designar miembros al Consejo Ejecutivo y de votar tanto en ese consejo como en el Consejo Legislativo (43). Además, el gobierno británico otorgó ciudadanía plena a los isleños (44).
    En febrero de 1986 se produjeron nuevos contactos entre el Presidente Alfonsín y una delegación parlamentaria argentina con los líderes de la Oposición en el Parlamento, Neil Kinnock (Laborista), David Steel (Liberal) y David Owen (Socialdemócrata) (45). En esta ocasión, la oposición no se comprometió firmemente sobre la transferencia de soberanía sino que sólo acordaron en continuar dialogando (46).
    Hacia mediados de 1986, el gobierno argentino comenzó a implementar una nueva política de pesca. La misma tenía por objeto hacer cumplir las regulaciones de pesca frente a la "alarmante depredación" de los stocks de las pesquerías en el Atlntico Sur. Como consecuencia de esta política un buque pesquero fue hundido en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. El 28 de mayo, el buque de la Prefectura Naval Argentina, Derves, abrió fuego contra un pesquero taiwanés y lo hundió (47). Cuando se produjo el encuentro, el pesquero le informó a la nave argentina que se hallaba fuera de las 200 millas de la costa argentina y dentro las 150 millas de las Islas Falkland. Desde el buque argentino le respondieron que efectivamente se hallaba 200 millas fuera del territorio continental pero que estaba dentro de las 200 millas de las "Argentine Falklands." Por lo tanto, tenía órdenes de Buenos Aires de llevarlo a Puerto Deseado. En caso contrario, amenazó con dispararle y hundirlo. El capitán del pesquero preguntó entonces, si las Islas Falkland eran argentinas y al respondérsele que si, se disculpó por no tener conocimiento de ello. Las negociaciones se prolongaron por unas horas hasta que finalmente, la nave argentina, cumpliendo con órdenes impartidas por Buenos Aires hundió al pesquero (48). En la acción un marinero del buque taiwanés murió y otros tres resultaron heridos. El gobierno británico condenó "el intento [argentino] de perseguir un reclamo de soberanía por la fuerza" y calificó a estas acciones como "patrullaje agresivo" dentro de las 200 millas de las Malvinas. Aguas que de hecho se hallaban bajo su jurisdicción (49). Otro aspecto de la nueva política de pesca implementada por la Argentina, fue la firma de acuerdos de pesca con la URSS y Bulgaria, quienes reconocían la reivindicación argentina (50). Además, la Argentina también dio señales de querer firmar acuerdos similares con otros estados (51). A partir de ese momento, las autoridades británicas concluyeron que sería imposible llegar a un acuerdo con los argentinos. Ambos hechos-el hundimiento del pesquero y la entrega de licencias de pesca a terceros- fueron utilizados por Londres para justificar su decisión de establecer unilateralmente una zona de conservación pesquera. Esta recibió el nombre de Zona Interina de Conservación y Administración Pesquera (FICZ) y se extendía por un radio de 150 millas alrededor de las Malvinas (52).
    Otro hecho que volcó a Gran Bretaña hacia la imposición de una zona de conservación fue el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo multilateral por el tema de la pesca con la Argentina. Por lo tanto, el 29 de octubre, el secretario Geoffrey Howe anunció que su país implementaría una zona de conservación. El radio de 150 millas fue adoptado para evitar la superposición con el área argentina de 200 millas establecida desde el continente (53).
    La Argentina dio a conocer la respuesta oficial a la declaración británica del 29 de octubre el 17 de noviembre. La respuesta subrayó que el centro de la disputa estaba en el tema de la soberanía de las islas Malvinas. El documento expresó la disposición del gobierno para reanudar negociaciones de acuerdo con los términos de las Naciones Unidas. Como paso previo y preparatorio proponía iniciar un diálogo abierto. También, incluyó la contrapropuesta de declarar el cese formal de las hostilidades -a pesar de creía que era jurídicamente innecesario- a cambio de la eliminación por parte de Gran Bretaña de la zona de protección militar de 150 millas. Por último, la declaración del gobierno argentino aceptaba tratar todos los temas relacionados con el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales, además de la disputa por la soberanía (54).
    Con referencia a otros aspectos de la relación, entre abril y septiembre de 1986, las autoridades argentinas flexibilizaron informalmente su política hacia las importaciones de bienes británicos, sin cambiar oficialmente la política. En efecto, a principios de abril, el gobierno autorizó la exportación de corned-beef a Gran Bretaña y a Hong Kong (55). Esta flexibilización informal repercutió en la política interna de la Argentina. El 3 de septiembre, el Senado aprobó por unanimidad una resolución no obligatoria, que urgía al presidente a no proseguir con la normalización del comercio con Gran Bretaña hasta tanto ésta no accediera a discutir la soberanía de las islas (56). Con posterioridad, cuando Gran Betaña informó en octubre, el establecimiento de la zona de pesca y conservación este proceso de normalización se interrumpió (57).
    A estas alturas, observó un analista, el gobierno de Margareth Thatcher se hallaba frente a un dilema. En efecto, al atribuir la victoria electoral de 1983 en parte al factor Falkland se convirtió en una prisionera de sus acciones pasadas y de la retórica que las precedieron. Por lo tanto no se vislumbraba ningún cambio de política. Pues hacerlo ahora "sería igual que admitir que llevó a las tropas británicas a la muerte en vano, y esto es política y personalmente imposible. Mientras ella [estuviera] en el poder, no se puede esperar ningún cambio en la política británica" (58). De este modo se inició un período de lo que los analistas calificaron como de "impasse."
   En el ámbito de las Naciones Unidas, el 27 de octubre de 1986, se aprobó la resolución 41/11. Esta fue impulsada por países latinoamericanos y africanos y fue aprobada por 124 votos a favor, una en contra y 8 abstenciones. La resolución propugnaba el establecimiento de una Zona de Paz en el Atlántico Sur (SAZOP) (59). La Argentina denunció las `incompatibilidades' de dicha zona con la presencia de `zonas de tensión' como `la situación colonial de las Malvinas' [visión apoyada por la Unión Soviética y Uruguay, entre otros]. Y agregó que: `el establecimiento efectivo de la zona de paz en el Atlántico Sur no será posible mientras no se resuelva el problema de las Islas Malvinas (60).' Gran Bretaña apoyó la iniciativa, lo mismo que la Argentina y Brasil, pero contó con la negativa de los Estados Unidos y la abstención de Francia y de la República Federal de Alemania. Más tarde, la resolución 42/16 de las Naciones Unidas reiteró su apoyo a la SAZOP (61).
   En esos momentos, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a mostrarse preocupado ante una posible escalada entre dos aliados, la Argentina y Gran Bretaña. En consecuencia, a finales de 1986, el gobierno del presidente Ronald Reagan inició gestiones oficiosas para impulsar un acercamiento entre las partes (62). A partir de noviembre de 1986 se realizaron intercambios informales secretos entre ambos países, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El tema se centraba `exclusivamente' en el problema pesca, sin embargo, los documentos que se filtraron indicaron una interacción entre los temas de pesca y soberanía (63). Hacia fines de 1987 cuando aún no se sabía el resultado de estas conversaciones, el especialista británico Peter Beck esperaba que éstas abrieran el camino para la discusión de otros temas (64).
    A partir del 1 de febrero de 1987 comenzó la implementación de la Zona Interina de Conservación y Administración de las Malvinas (ZICAM). A pesar de las protestas, especialmente de la OEA, en contra de su aplicación, las nuevas regulaciones de pesca fueron acatadas por los estados que pescaban en la región y no se registraron incidentes (65).
    Para mediados de 1987 si el gobierno argentino abrigaba esperanzas de que la Oposición ganaría las elecciones parlamentarias y así cambiar los términos de las negociaciones por las islas se vió frustrado. Pues se enfrentó con la dura realidad de que debería continuar tratando con la misma administración británica. En efecto, el 11 de junio Margareth Thatcher fue reelecta por tercera vez para ejercer el cargo de Primer Ministro. Por lo tanto, para el próximo año se esperaba más de lo mismo.
    El año comenzó con una nueva situación de tensión entre el Reino Unido y la Argentina. En febrero de 1988, el Ministerio de Defensa británico informó que a partir de mediados de marzo de ese año se ralizarían maniobras militares en la zona de las Malvinas (66). Las maniobras bautizadas "Fire Focus" comenzaron el 16 de marzo. Las mismas consistieron en un ejercicio de refuerzo de la defensa área de las islas, el transporte de tropas hacia las mismas y ejercicios de las unidades involucradas. En Fire Focus participaron aviones de la Real Fuerza Area, buques de la Armada Real y aproximadamente 1.000 soldados que fueron transportados a las islas desde las islas Británicas. Las maniobras finalizaron el 31 de marzo (67). El gobierno argentino respondió a la decisión británica ordenando una movilización militar y elevando, al mismo tiempo, sus protestas ante los organismos internacionales (68). El 11 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado de prensa denunciando que la decisión británica constituía un hecho particularmente serio y muy alarmante, creando nuevas y mayores tensiones (69). La Argentina dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad una carta en la cual señaló "la situación creada en el Atlántico Sur por la decisión del Gobierno del Reino Unido de conducir maniobras militares en las Malvinas..." Poco más tarde, el 18 de marzo, el Consejo Permanente de la OEA se reunió en sesión extraordinaria por pedido de la Argentina. En la reunión se adoptó una resolución en la cual el Consejo Permanente expresó su profunda preocupación por el incremento de la tensión como consecuencia del ejercicio militar propuesto por Gran Bretaña en la zona de Malvinas. Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que ese país reconsiderara su decisión con vistas a crear un clima de confianza para las futuras negociaciones (70). La resolución obtuvo 27 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones (Santa Lucía y los Estados Unidos).
    En otra organización intergubernamental, el Movimiento de los Países no alineados (NOAL), se reunió la Oficina Coordinadora el 16 de marzo en Nueva York para escuchar las declaraciones del canciller Caputo. Al término del encuentro, el organismo emitió un comunicado "deplorando firmemente" la decisión del gobierno del Reino Unido de realizar las maniobras militares (71).
    A pesar de ello, Gran Bretaña no sólo se preocupó por el estado de preparación militar, también se ocupó del desarrollo del archipiélago. En este caso, una de las políticas prescriptas era la del aumentó de la población. Al respecto, la postura de los isleños fue la de restringir la inmigración a cuarenta personas por año. Sin embargo, en Londres, existían opiniones al contrario. La inmigración debería fomentarse para alcanzar alrededor entre 10.000 y 20.000. Se estimaba que ese era el número necesario para sostener las islas como un estado independiente (72). Sobre el tema un miembro del Comité de las islas Falkland en el Reino Unido (UKFIC) sostuvo en julio de 1988 que:

los isleños deben enfrentar el hecho de que sólo con lo que parecería ser un incremento masivo en la población, las Falkland pueden esperar ganar el apoyo de un número suficiente de los estados miembros de las Naciones Unidas para garantizarle su soberanía... Tarde o temprano podría ser electo un gobierno en el Reino Unido que por cualquier motivo quiera terminar su apoyo a las islas (73).

En forma paralela con las relaciones, o mejor dicho, no-relaciones gubernamentales, se estableció un diálogo anglo-argentino que era informal y no oficial por parte de instituciones académicas de ambos países y por parte de miembros del Parlamento, del Congreso argentino, académicos y hombres de negocios (74). Todas estas actividades descriptas como "second-track diplomacy" permitieron explorar posibilidades futuras que podrían conducir finalmente a negociaciones gubernamentales (75). Según un observador, hasta ese momento, el éxito en frenar cualquier iniciativa de negociación sobre el futuro de las Malvinas por parte del Lobby de las Falkland se debió, en parte, a la ausencia de otro lobby que sostuviera una posición opuesta (76). Más aún, el establecimiento en 1983 en Londres del Consejo del Atlántico Sur (South Atlantic Council), que tenía por objeto promover un acuerdo pacífico sobre la soberanía de las islas, explica el sensible cambio producido en la opinión pública británica respecto a apoyar la negociación de un acuerdo de soberanía con la Argentina (77). Este grupo estaba constituido por políticos de todos los partidos, académicos, miembros de la iglesia y empresarios. Las principales figuras fueron parlamentario conservador Cyril Towsend y el laborista George Foulkes. El logro más notable del consejo fue la publicación de trabajos sobre diversos aspectos de la disputa, tales como opciones para un acuerdo con la Argentina o promoción del restablecimiento de relaciones con la Argentina. No obstante, comparado con el nivel de influencia alcanzado por el Lobby, la influencia del Consejo fue limitada "debido a la falta de recursos así como también de un objetivo claramente definido, basado en un principio" (78).
    Beck sostiene que el gobierno argentino siguió estas actividades con interés, en tanto el Gobierno británico se mostró desinteresado y hasta "hostil", y calificó a los encuentros como "irrelevantes" dado que "no había nada para discutir" (79). Pero, a partir de 1988 el Foreign and Colonial Office comenzó a brindar cierto `apoyo' a estos encuentros como parte del proceso de normalización de las relaciones (80).
    En cuanto a las negociaciones secretas apoyadas por los Estados Unidos éstas comenzaron progresar. Hacia finales de 1988, el gobierno radical había preparado el borrador que establecía las bases para futuras negociaciones que se conoce como la fórmula del paraguas (81). Bajo ésta fórmula, las partes podrían avanzar en la discusión de otros temas en tanto que se planteaban y continuaban vigentes sus respectivos reclamos de soberanía. Las reuniones previstas para el año 1989 no se llevaron a cabo por la negativa del gobierno británico a la espera del resultado de las elecciones presidenciales de mayo de ese año y por el acortamiento del período presidencial de Alfonsín (82).

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El argentino Guillermo Makin señaló que el establecimiento de la Zona de Conservación y las maniobras militares "Fire Focus" dejaron en claro que el gobierno de Margareth Thatcher estaba dispuesto a "quedarse y transformar las islas" (83). A tal efecto, durante éste período, las autoridades en el Reino Unido decidieron finalmente llevar adelante las recomendaciones del Informe Shackleton de 1982 (Falkland Islands Economic Survey 1982) para el fomento de la economía isleña. Hay que resaltar que muchas de estas mejoras ya habían sido sugeridas en el informe de 1976. No obstante, hasta antes del conflicto armado las autoridades británicas habían implementado sólo unas pocas de estas recomendaciones (84). Para llevarlas a cabo, el gobierno creó un fondo para el fomento del desarrollo que en cinco años invertiría £31 millones para la construcción de nuevos caminos, extensión de la electrificación, mejorar las telecomunicaciones, la construcción de un jardín hidropónico para abastecer a la población de vegetales y frutas frescas, fomento del turismo, posibilitar la prospección petrolera, la implementación de una reforma agraria y actividades para atraer nuevos inmigrantes (85). Pero la implementación de la Zona de Conservación y Administración Pesquera a partir de 1987 fue la generadora de grandes cambios cualitativos y cuantitativos en las islas.
    En efecto, a partir de su implantación, el gobierno británico sólo sufraga los gastos de defensa de la "Fortaleza Malvinas" (86). La mayor parte de los ingresos de las islas provienen de la venta de licencias de pesca a compañías extranjeras que desean pescar en la zona de conservación (87). Este resultado inesperado de la venta de licencias ya generaba en 1987 un ingreso al gobierno de las islas por alrededor de £14 millones y se esperaba que la cifra se incrementara a £20 millones (88). Además, las grandes granjas, pertenecientes a dueños ausentes fueron subdivididas y vendidas a "propietarios/ocupantes" (89). Este hecho produjo que el ingreso por la producción lanera aumente, oscilando entre los £3 y 4 millones. Otras fuentes importantes de ingresos para el gobierno de las islas provienen de los intereses de inversiones extranjeras y el turismo. Hacia 1996, la venta de licencias para la exploración petrolera generaban nuevas expectativas para el crecimiento económico de las islas (90).
Por consiguiente, todos estos cambios produjeron un drástico aumento del ingreso per cápita de los isleños a niveles que en 1995 superaron a los de Gran Bretaña misma, los Estados Unidos y Alemania (91). Un efecto de la revitalización de la economía isleña fue la de revertir la tendencia negativa en la taza de crecimiento de la población. En efecto, el censo de población de fines de 1986 señaló una población de 1.916 habitantes, con una declinación en la proporción de los isleños nativos a un 67% (92). La actual situación en las islas se resume en las palabras de un habitante de las islas:

Los eventos de 1982 han impulsado a las islas en una forma que no podría haberse vislumbrado treinta años atrás (93).

Para algunos, estas mejoras sirven para reforzar la presencia británica en las islas. Ello probablemente tenga por efecto una disminución en el interés de ese gobierno por deshacerse de las islas (94). En pocas palabras, puede afirmarse que la decisión argentina de invadir las islas con el objeto de reincorporarlas a su territorio tuvo el efecto no querido de impulsar el desarrollo de las islas, aumentando así sus chances de autosuficiencia.
    Con el restablecimiento de un gobierno democrático en la Argentina comenzaron a tomar auge las encuestas de opinión pública en ese país. A partir de este período fue posible realizar comparaciones acerca del estado de la opinión en ambos países, entre otros temas sobre la disputa por los derechos de soberanía del archipiélago.
    En primer término se tratará la opinión de los ciudadanos británicos. La mayoría mayoría de los encuestados en este período creía que los intereses de los isleños debían ser respetados y que sus deseos ser tomaros en cuenta, pero en una encuesta de 1986 sólo el 38% creía que la mejor manera de asegurar esto era a través de la continuidad de la soberanía británica. Cuando se preguntó en la misma encuesta sobre cuál creían que era la mejor solución de largo plazo, un 10% optó por la devolución a la Argentina, el 6% por un arrendamiento, el 13% por el control conjunto, y el 19% por la administración de las Naciones Unidas (95). Este grado de dispersión en la opinión de los ciudadanos británicos explican en parte, según Little, el grado de libertad con que contó la señora Thatcher para formular la política hacia Malvinas con posterioridad a 1982 (96).
    Al mismo tiempo, una encuesta realizada por una firma de Buenos Aires, informó que sólo el 1% de los encuestados consideraron la disputa por la soberanía de las islas como el principal problema del país, y sólo el 7% lo ubicó en el segundo y tercer puesto en gravedad. Más aún, cuando se preguntó si la Argentina debía considerar la posibilidad de continuar la disputa por medio de la fuerza, sólo el 4% estaba de acuerdo, mientras que alrededor del 64% estaba a favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido (97). En el período comprendido entre junio 1984 y abril de 1986, la proporción de encuestados argentinos que favorecieron a una demanda unilateral por la devolución de las islas decreció del 52% al 34%, en tanto que aquellos que preferían la opción de proseguir negociaciones para ese fin, crecieron del 42% al 62%. Estos resultados mostraban que la flexibilización de las actitudes por parte del público argentino se produjo con respecto a los medios, pero no hacia los fines (98). En abril de 1988, en un encuesta realizada en centros urbanos de la República Argentina el 74% de los encuestados afirmó que la decisión argentina de ocupar las Malvinas en 1982 había sido "totalmente incorrecta" o "más o menos incorrecta" (99).
    Al mismo tiempo, un 80% de los encuestados dijo que la mejor manera de resolver el problema de Malvinas era negociando con los británicos y sólo un 8% se pronunció en favor de recurrir a la fuerza si fuera necesario. Respecto de la evaluación del público de cómo el gobierno del presidente Alfonsín se había conducido en el tema Malvinas, un 49% de los encuestados dijo que el gobierno había hecho lo mejor posible dadas las circunstancias. Al mismo tiempo, un 36% expresó que el gobierno se había mostrado débil frente a los británicos y sólo un 3% creía que el gobierno había presionado a los británicos (100).
    En 1990 se realizó simultáneamente una encuesta en ambos países para comparar la opinión sobre la marcha de las negociaciones. En Gran Bretaña las encuestas mostraron que para fines de los 80s las Malvinas no tenían ninguna relevancia en comparación con otros problemas internacionales y domésticos contemporáneos. En la Argentina, a pesar de la posición oficial de que las islas son una porción de territorio ocupado, la opinión pública no asignó gran relevancia al tema. Las respuestas se volcaron más hacia mejorar las relaciones económicas con el mundo y la búsqueda de nuevos mercados (101). Además, las encuestas producidas tanto en la Argentina como en Gran Bretaña mostraron que en ese período era claro que el "factor Malvinas" no constituía una amenaza para los gobiernos desde los respectivos electorados. En ambos países existían niveles muy altos de aprobación hacia medidas que apunten a mejorar su relación (102).
    Noguera y Willetts concuerdan en que las encuestas mostraban, hacia 1990, que había una mayor tendencia hacia el compromiso de lo que lo que mostrban las posiciones oficiales de ambos países. La visión que el público de los dos países era la de favorecer un control conjunto. En tanto que la idea del arriendo (leaseback) no fue favorecida por ambos públicos. La única dificultad que pueden encontrar los gobiernos es que los dos electorados apoyaban mayoritariamente soluciones distintas en sus respectivos países (103). En este caso, el electorado británico se mostraba más favorable a dejar la administración de las islas en manos de las Naciones Unidas que el electorado argentino.
    No obstante estas cifras, el público argentino también mostró un cambio de opinión con respecto a negociar con Gran Bretaña. En efecto, mientras que en 1984 la mayoría se oponía a negociar, en 1990 un 58% de los encuestados apoyaba el llegar a una solución negociada con Gran Bretaña (104). Por último, tanto Noguera como Willets concluyeron que en esos momentos "la disputa [podía] generar alguna emoción en un debate abstracto, pero su escasa relevancia para el promedio de los británicos y los argentinos significa que es poco probable que," la política hacia las Malvinas, "afecte los patrones de votación" (105). Más aún, si bien persisten diferencias significativas entre los dos públicos respecto de su opinión sobre el futuro en el largo plazo de las islas, ambas partes se mostraron deseosas de considerar algún acuerdo de compromiso (106).
    En cuanto a las relaciones económicas entre Gran Bretaña y la Argentina no hay mucho para decir. Las consecuencias del conflicto tuvieron un impacto pequeño sobre el volumen de las relaciones comerciales entre ambos países. El conflicto sólo acentuó una tendencia al alejamiento que ya se presentaba nítidamente antes del conflicto (107). Las investigadoras Thomas y Hayson concuerdan con esta descripción cuando afirman que "la característica más saliente del comercio anglo-argentino en el período posterior a la guerra de Malvinas es su ausencia...el comercio entre ambos países ha sido insignificante." Además agregan que "es interesante observar que esto no ha representado un gran cambio respecto del período inmediato anterior a 1982 (108)." En el año previo al conflicto, las exportaciones argentinas alcanzaron U$S 218 millones mientras que la Argentina importó de Gran Bretaña por un valor de U$S 322 millones. En 1982, las exportaciones argentinas al Reino Unido habían alcanzado la cifra de U$S 73 millones en tanto que las importaciones ascendieron a U$S 68 millones. En los años 1983 y 1984 no se registraron intercambios, pero para 1986 el intercambio comenzó a crecer y las exportaciones argentinas al Reino Unido alcanzaron los U$S 32 millones y las importaciones desde el Reino Unido rondaron los U$S 12 millones. Estos valores representan 0,43% del total de exportaciones argentinas y 0,23% del total de las importaciones (109).
    La disputa entre la Argentina y Gran Bretaña no se circunscribe solamente al archipiélago de las Malvinas. Los grupos de islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur también son motivo de disputa entre ambos países. Estas islas también se encuentran actualmente bajo el control británico. Al respecto, la promulgación de la nueva constitución de las Malvinas en 1985 produjo una reforma administrativa para estos territorios que en su conjunto conforman las Dependencias de las Islas Malvinas (Falkland Islands Dependencies) que desde 1962 comprende solamente a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (110).
Según el nuevo documento, el Consejo Ejecutivo de las Malvinas perdió sus poderes ejecutivos sobre las islas pero aún conserva facultades consultivas. A pesar de los cambios, el gobernador de las Malvinas continúa siendo el comisionado de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (111).
    Una vez finalizado el conflicto de 1982, la posición de las partes respecto de estas islas no se modificó y continúan siendo reclamadas por la Argentina. En tanto que los británicos rechazan ese reclamo. Al respecto, en un informe elevado al Parlamento por el Foreign and Colonial Office en noviembre de 1982 argumentó que:

La cuestión de los títulos de las Dependencias de las Islas Falkland es legalmente distinta a la de los títulos de las Falkland en si. Aunque por conveniencia las Dependencias continúan siendo administradas por el Gobierno de las Islas Falkland... Del mismo modo, la soberanía británica se extiende al mar territorial alrededor de las Dependencias y de su espacio áreo y su mar territorial...

y concluye:

Por lo tanto, cualquiera sean los argumentos históricos que esgrima la Argentina sobre las islas Falkland no tiene validez para las Dependencias. En 1976 la Argentina estableció una base científica en las isla Tule del Sur perteneciente al grupo de las Sandwich del Sur. El Gobierno de su Majestad protestó reiteradamente ante la Argentina y reafirmó sus derechos de soberanía sobre la isla. La ocupación argentina finalizó en junio de 1982 (112).

Aún más, en 1984 el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes declaró categóricamente que, a diferencia de las dudas expresadas sobre los méritos de los reclamos históricos presentados por Gran Bretaña y por la Argentina sobre las islas Falkland, el comité no tenía "ninguna dificultad para concluir que los reclamos argentinos respecto de las Dependencias, islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no tienen fundamento legal". (113).
    A pesar de estas afirmaciones, la Argentina persiste en sus reclamos y algunos parecen abrigar alguna esperanza para el futuro. Por ejemplo, el funcionario de la Cancillería argentina, Olivieri López, sostiene que el hecho de que estos territorios están deshabitados facilita la no intervención de los isleños y así, éstos serían totalmente ajenos al destino final de las Dependencias (114).

• NOTAS

1. Little (1989), 60-61.

2. Little (1989), 61.

3. Gustafson (1988), 184.

4. Gustafson (1988), 188.

5. Gustafson (1988), 186-87.

6. Gustafson (1988), 181.

7. Gustafson (1988), 181. Asimismo, Gustafson sostiene respecto de estos intercambios que "Gran Bretaña pretendía un tratado de paz luego de ganar una guerra; por el contrario, la Argentina pretendía reabrir la disputa luego de perder una batalla".

8. Beck (1988), 171.

9. Makin (1992), 232.

10. Makin (1992), 227.

11. La delegación de cuatro funcionarios argentinos estuvo encabezada por el Subsecretario de Asuntos Australes, Marcelo Delpech. La delegación británica estuvo compuesta por cinco funcionarios del Foreign Office y liderada por David Thomas, Subsecretario para las relaciones con América. (Escudé y González de Oleaga, 18)

12. Little (1989), 61.

13. Beck (1988), 174; Little (1989), 61; y Freedman (1988), 67.

14. Makin (1992), 229.

15. Escudé y González de Oleaga (1996), 18-19.

16. Beck (1988), 174.

17. Escudé y González de Oleaga (1996), 19.

18. Beck (1988), 175.

19. Makin (1992), 229-30.

20. Makin (1992), 230.

21. Oivieri López (1992), 136.

22. Fifth Report from the Foreign Affairs Committee (Informe Kershaw), 25-10-1984, p. lii para. 145 y 146.

23. Gustafson (1988), 183.

24. Makin (1992), 231.

25. Ellerby (1992), 101.

26. Ellerby (1992), 101. Carlos Floria señala que la aparición de este "nacionalismo isleño" es un factor muy importante que aumenta la complejidad del proceso de negociación. En este sentido, señala Floria, los gobiernos argentino y británicos no tomaron suficiente nota de este cambio. Este sentimiento, en conjunción con la afluencia económica, reforzaría aún más la voluntad en favor del status quo (Floria, 1991, 99).

27. Declaraciones del canciller Dante Caputo (Escudé y González de Oleaga, 1996, 15-16). Según estos autores, el gobierno argentino posteriormente se arrepintió de esta respuesta e intentó llevar adelante el intercambio propuesto anteriormente por los británicos. Pero cuando declaró estar dispuesto a hacerlo ya era tarde, pues éstos habían concluido que el gobierno argentino era intratable. (1996, 53 n. 17)

28. Makin (1992) 232. Los periódicos fueron Clarín, La Prensa y La Nación, ediciones del 7 de abril, 5, 14, y 17 de mayo.

29. Kinney (1989), 265.

30. Carbajal (1997), 17.

31. Doc. ONU A/40/496 p.2

32. Little (1989), 62; Thomas y Hayson (1989), 168.

33. Texto completo en Dolzer 384-85.

34. Texto completo en Dolzer 386-87.

35. A pesar de ello, en 1983 se había autorizado la venta de motores Rolls Royce para equipar a las fragatas argentinas construidas en es momento en la República Federal Alemana (SIPRI 1983, 487).

36. En los años previos a 1982, el 80% de las exportaciones británicas a la Argentina contaron con la protección del ECGD (Thomas y Hayson, 1989, 169).

37. Gustafson (1988), 189.

38. Escudé y González de Oleaga (1996), 20.

39. Texto completo en Dolzer 389-390.

40. Escudé y González de Oleaga (1996), 20.

41. Makin (1992), 231.

42. Makin (1992), 232.

43. Esta mejora fue subrayada por el embajador británico ante las Naciones Unidas como muestra del acatamiento de su gobierno a la carta de dicha organización. Más específicamente, concuerda con el artículo 73b que insta a las potencias coloniales a desarrollar la capacidad de autogobierno y tener en cuenta las aspiraciones de los habitantes de las colonias (Gustafson 1988, 188).

44. Los habitantes de las Malvinas y los de Gibraltar son los únicos territorios dependientes de Gran Bretaña que tienen ese privilegio. (Aldrich y Connell 209)

45. Beck (1988), 178.

46. Beck (1988), 179.

47. Escudé y González de Oleaga (1996), 21 y Beck (1988), 185.

48. Transcripción del diálogo radial entre los buques. Copia en posesión de los autores.

49. Beck (1988), 186 y Churchill (1989), 95.

50. Escudé y González de Oleaga (1996), 21; Churchill (1989), 95.

51. Churchill (1989), 95.

52. Willetts (1989), 109; Olivieri López (1991) 135, 137, 141; Gustafson (1988), 189.

53. Gustafson (1988), 189; el texto completo de la declaración en Carbajal (1997), 34-5.

54. El texto completo está en C. del Castillo (1989), 90-91, anexo.

55. De este modo el gobierno argentino buscó recuperar su participación del 50% del mercado británico de corned beef que representaban anualmente U$100 millones (Thomas y Hayson, 1989, 169).

56. Thomas y Hayson (1989), 169.

57. Thomas y Hayson (1989) 170.

58. Little (1989), 67.

59. Beck (1988), 184; ver también pp. 146-7 y 195 nota 69.

60. Beck (1988), 184.

61. Beck (1988) 185; ver también 195 nota 74.

62. Escudé y González de Oleaga (1996), 23.

63. Beck 188 y 196 n. 92 para fuentes y fechas; Thomas (1991), 38.

64. Beck (1988), 189.

65. Churchill (1989), 96.

66. Noguera y Willetts (1992), 239.

67. Dolzer 401-402.

68. Escudé y González de Oleaga (1996), 17.

69. Dolzer 401. Doc. de la ONU A/AC. 109/962.

70. Dolzer 398.

71. Dolzer 398.

72. Ellerby (1992), 104.

73. Citado por Ellerby (1992), 104. El UKFIC había sido creado a mediados de 1973 como un desprendimiento del Comité de Emergencia. Tenía sede en Londres y una filial en las islas. El objetivo de este grupo era "asistir al pueblo de las islas Falkland en decidir por ellos mismos sobre su futuro sin presiones internas o externas." (Ellerby, 1992, 91)

74. Ver lista en Beck (1988), 189.

75. Beck (1988), 189. Esta modalidad de diplomacia paralela es también conocida como "resolución interactiva del conflicto" y comprende todos los diálogos "off-the-record" entre individuos de países en conflicto que no actúan en representación oficial con el objeto de desarrollar estrategias, influenciar a la opinión pública, y organizar los recursos humanos y materiales que pudieran ayudar a resolver el conflicto. (Chataway 1998)

76. Ellerby (1992), 96. Sin embargo, como consecuencia de los cambios políticos producidos en las islas desde el fin de la guerra de 1982, las actividades del Lobby de las Falklands se redujeron.

77. Ellerby (1992), 102.

78. Los isleños tenían el principio de autodeterminación (Ellerby 103).

79. Beck (1988), 189.

80. Beck (1988), 190.

81. El mismo es "un mecanismo jurídico... que permite que las partes que mantienen una disputa y que asisten a una reunión determinada, adopten resoluciones de interés común sin perjuicio de sus respectivas posiciones de soberanía, que quedan reservadas" (García del Solar: Archivos del presente, 27-28).

82. García del Solar (1997), 28. Para una descripción de como se desarrollaron las negociaciones a partir la asunción a la presidencia de Carlos Menem, el 9 de julio de 1989, hasta la firma de los Acuerdos de Madrid de 1990 que normalizaron las relaciones, ver Floria (1991) 85-88.

83. Makin (1992), 235.

84. Aldrich y Connell (1998), 317 nota 34.

85. Aldrich y Connell (1998), 210.

86. En efecto, a partir de 1992 las islas dejaron de percibir ayuda económica directa del gobierno británico. (Carbajal, 1997, 28 en base a datos provistos por la Falkland Islands Government Treasury)

87. Entre los países que requirieron licencias se encuentan España, Taiwan, Japón, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. (Carbajal, 1997, 27)

88. Carbajal (1997), 27; Churchill (1989), 96.

89. Teggart (1997), 42; Gustafson (1988), 187.

90. Teggart (1997), 43; Bound (1997).

91. En 1995 el PBI per cápita de las islas Malvinas era de U$S 28.425, los Estados Unidos U$S 27.400, Alemania U$S 26.000 y Gran Bretaña U$S 18.950. (Carbajal, 1997, 30 nota 38 en base a datos de la Economist Intelligence Unit y del Falkland Islands Government Trasury). Para 1996, Graham Bound señala que el salario promedio anual de las islas era de U$S 24.750. (Bound, 1997)

92. Freedman (1988), 68. Según el censo de 1980 el total de nacidos en las islas alcanzaba al 75% de la población.(Thomas, 1991, 19) Hacia fines de 1996, la población de las islas ya alcanzaba los 2.500, y la edad promedio de los isleños era menor a 45 años (Bound, 1997). Otra fuente menciona para ese mismo año, 2.704 habitantes. (Aldrich y Connell, 1998, 275)

93. Teggart (1997), 44.

94. Aldrich y Connell (1998), 210.

95. Little (1989), 65.

96. Little (1989), 67. Según este autor, mientras que la señora Thatcher expresó en repetidas oportunidades su deseo de normalizar las relaciones con la Argentina, afirmaba que no esperaba que eso se lograra inmediatamente. Reconoció la negativa argentina de excluir la soberanía de la discusión y se mostró constantemente reacia a los intentos por parte de la diplomacia argentina de introducirla bajo una guisa diferente. (ídem.)

97. Little (1989), 70.

98. Little (1989), 71.

99. Es notable que de este grupo sólo el 23% pensaba que la guerra no resuelve nada y un 37% señaló la inferioridad de los medios. Es decir, este último grupo no pensaba que recurrir a la fuerza era intrínsecamente malo, sino que la invasión no debió haberse llevado a cabo debido a la disparidad del poder militar.

100.    Encuesta hecha por Edgardo Catterberg y Asociados citada en Floria (1991), 104.

101.    Noguera y Willets (1992), 255.

102.    Noguera y Willetts (1992), 244 y 255.

103.    Noguera y Willetts (1992), 252.

104.    Según encuestas realizadas por la consultora SOCMERC. (Floria,1991, 95 y 96)

105.    Noguera y Willetts, 255.

106.    Ibid., 264.

107.    Tussie (1989), 163-4.

108.    Thomas y Hayson (1989), 165.

109.    En base a datos presentados por Thomas y Hayson (1989), 180-182.

110.    Hasta 1962, este territorio también comprendía a las islas Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Península Antártica. A partir de esa fecha éstas tierras pasaron a construir una unidad administrativa denominada "Territorio Antártico Británico".

111.    Thomas (1991), 22-23.

112.    House of Commons Foreign Affairs Committee, Session 1982-83, Minutes of Evidence, 10 de noviembre de 1982; HC 31.

113.    Reporte de 1984 citado por Thomas (1991), 22.

114.    Olivieri López (1992), 194. Según este autor, la Argentina podría adoptar una posición más flexible y podría aceptar la fórmula del condominio sobre esos territorios tal como lo habían sugerido los términos de referencia propuestos por el gobierno laborista en 1977 (194). Por el contrario, los británicos sostienen que esos términos caducaron al no haberse llegado a ningún acuerdo en su momento. (Thomas, 1991, 22 y 27-28)

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Esta información procede de "Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina" se han vinculado solo los temas relacionados con Malvinas. Esta obra esta compuesta de 14 tomos publicada por Iberoamérica y los Directores son Andrés Cisneros y Carlos Escudé.
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